La discusión sobre la existencia de un Mando Único Policial a nivel de las entidades federativas data ya de varios años y las dudas abarcan aspectos diversos como la operatividad, eficacia, confianza, constitucionalidad y hasta la aplicación recursos económicos, he aquí algunas puntualizaciones al respecto; hasta ahora, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé diversas competencias en materia de seguridad pública, lo que justifica la existencia de diversas policías en los tres niveles de gobierno; en el Congreso de la Unión no han logrado llegar a un acuerdo y, en consecuencia, la creación de un Mando Único no puede existir; en Michoacán, con la llegada de Alfredo Castillo como comisionado federal, se inició con una figura que se identifica desde entonces como de “Mando Unificado”, con la que se ha pretendido tomar el control de las policías municipales y de la estatal por la Secretaría de Seguridad Pública.
Con todo y las razones que se dieron para su creación, como la cooptación de las corporaciones municipales por la delincuencia organizada, la falta de eficacia que imponen los límites territoriales, la ausencia de coordinación y en consecuencia, la ineficacia en la función de seguridad a cargo del Estado como ente público, hasta ahora no se ha logrado consolidar la unidad de decisiones y mando de la seguridad en una sola autoridad; este Mando Unificado se creó mediante convenios celebrados, en algunos casos sin mucha convicción, con un número importante de ayuntamientos, con lo que se intentó no sólo tomar el control de las corporaciones, sino de los recursos económicos que a los municipios bajan para la seguridad a través de diversos fondos federales, y esto, en muchos de los casos, ha sido parte del problema para la consolidación del Mando Unificado Policial.
Pero a este momento, además, los resultados esperados entonces de ese Mando Unificado no son tan claros y la confianza en su efectividad corre el riesgo de verse cada día más mermada, y las razones pueden ser varias, por una parte, sin lugar a dudas, el aspecto económico es determinante; en tanto no exista claridad respecto a la posibilidad legal de la aplicación de los recursos federales destinados a la seguridad de los municipios, vía transferencia por convenio, como al parecer es pretendido por el estado, es lógico que exista resistencia de los cabildos, y en consecuencia, insuficiencia de recursos para sostener, desde el Ejecutivo de la entidad una corporación estatal unificada, pero además, como es conocido, la base humana de la que se partió para la conformación del Mando Unificado no es la más confiable dados los antecedentes de penetración del crimen organizado, sobre todo en policías de algunas partes del estado.
La baja preparación de otros y la dificultad, luego de ciertas depuraciones, para conformar nuevos cuerpos más profesionales, por los bajos salarios y nulas prestaciones con los que los agentes de seguridad cuentan, a la fecha es conocido también que en múltiples municipios la seguridad, o está a cargo de corporaciones federales o militares, o de plano poco puede hablarse de que existe Policía, todo eso genera la incertidumbre que hoy permea, a grado tal que ante el inminente relevo de ayuntamientos, algunos ediles electos han advertido desde ahora su inconformidad con ceder el mando de la policía al estado, y con ello, pende de un hilo en intento del Mando Unificado que Castillo Cervantes inició, sobre la seguridad pública, lo cierto es que existe un grave problema a la fecha y que, sea con Mando Unificado, único, desconcentrado o descentralizado, debe tomarse con la mayor de las responsabilidades y con el talento necesario por las autoridades del gobierno estatal y de los gobiernos municipales entrantes.
