Con un total de 24 expedientes de investigación formalizados entre el 31 de marzo de 2025 y el 31 de marzo de 2026, la Fiscalía Especializada en la Lucha Contra la Corrupción ha detectado perjuicios tanto al patrimonio como al funcionamiento de diversas instituciones.
La fiscal, Marisol Sánchez Zamudio, aclaró que estos perjuicios se presentan en diferentes organismos. No obstante, precisó únicamente el caso del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM), indicando que los daños sobrepasan los 100 millones de pesos desde gestiones anteriores.
Sin proporcionar una cifra específica del daño patrimonial, destacó que los perjuicios son variados, pero que en el Gobierno de Michoacán se evidencia un alto impacto en varias instituciones.
Mencionó que se prevén pronto las audiencias iniciales de múltiples investigaciones en curso, ya que se trata de deterioros al patrimonio que podrían alcanzar sumas de hasta 60 millones de pesos.
Según la Fiscalía Especializada en la Lucha Contra la Corrupción, las entidades estatales que han experimentado afectaciones en su patrimonio y en su funcionamiento institucional incluyen al Gobierno del Estado, la Secretaría de Finanzas y Administración (posiblemente enfocándose en las oficinas de Rentas), la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, el Poder Legislativo y la Dirección de Pensiones Civiles.
Asimismo, se incluyen organismos y entidades como el Fondo Mixto para el Fomento Industrial de Michoacán, el COBAEM, la Universidad Tecnológica de Morelia y el Colegio de Morelia, conocido popularmente como Poliforum.
En relación a los municipios, están implicados Morelia, Angamacutiro, Uruapan, Numarán, Tanhuato, Huiramba y Sahuayo, así como dos empresas privadas.
“En el primer año de mi administración (. . . ), se han formalizado 24 expedientes de investigación, de los cuales se originan varias causas penales relacionadas con hechos que presuntamente constituyen delitos”, expresó.
Sánchez Zamudio señaló que, para evitar las judicializaciones, los perjudicados presentan apelaciones y distintos amparos. Sin embargo, comentó que los jueces han fallado a favor de la Fiscalía Especializada en la Lucha Contra la Corrupción, permitiendo que los procesos continúen de manera adecuada.
