La Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Michoacán se encuentra evaluando una propuesta de reforma promovida por la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con el fin de agilizar los procedimientos judiciales relacionados con disputas de arrendamiento, especialmente en situaciones donde los inquilinos incumplen el pago de alquiler y continúan ocupando las propiedades a pesar de esta falta.
La propuesta sugiere modificar el artículo 32 de la Ley Inquilinaria del Estado, de tal manera que las disputas surgidas de contratos de arrendamiento no se gestionen a través de juicios sumarios, sino mediante un proceso sumarísimo, lo que representa un procedimiento judicial más expedito y simplificado que el actualmente existente. En esencia, esta reforma busca disminuir el tiempo requerido para que los propietarios logren recuperar sus inmuebles ocupados por arrendatarios morosos.
Este proyecto no incluye penas de prisión, multas ni sanciones penales para quienes se retrasen en sus pagos de renta; no obstante, podría reducir de manera significativa la duración de los procedimientos judiciales en litigios civiles relacionados con viviendas, departamentos y espacios comerciales.
Según la justificación presentada, el arrendamiento es una herramienta fundamental que permite a las personas acceder a viviendas o locales comerciales sin necesidad de adquirir un inmueble; sin embargo, el texto señala que los casos de incumplimiento de pago por parte de los inquilinos están en aumento.
La propuesta indica que algunos inquilinos dejan de cumplir con las rentas acordadas, rompen los contratos y no desocupan las propiedades, lo que provoca dificultades económicas para los propietarios, quienes se ven obligados a acudir a instancias judiciales civiles para recuperar sus bienes.
De acuerdo con la iniciativa legislativa, muchos de esos procedimientos se convierten en “una pérdida de tiempo y recursos” para los implicados, como consecuencia de la lentitud de los juicios y la prolongación de los tiempos procesales.
La iniciativa sostiene que la implementación de la vía sumarísima facilitaría la resolución de conflictos en un período más breve, evitando litigios extensos y proporcionando mayor certeza jurídica tanto a propietarios como a arrendatarios.
Además de cambiar el tipo de procedimiento judicial, la reforma introduce nuevas atribuciones para los jueces. Entre ellas, la posibilidad de redirigir desde el inicio la vía procesal si consideran inapropiada la presentada por el solicitante, sin la necesidad de reiniciar el procedimiento.
Asimismo, establece que si el juez determina no poseer competencia por materia, cuantía, grado o territorio, deberá enviar sin dilación el expediente a la autoridad correspondiente, señalando los fundamentos legales de su decisión.
La justificación indica que estas acciones pretenden fortalecer la rapidez procesal, asegurar el respeto al debido proceso y acortar los plazos de resolución en disputas derivadas del arrendamiento en el estado de Michoacán. La propuesta se encuentra en revisión por la Comisión de Justicia del Congreso local.
