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Amplian Registro de Dedudores Alimentarios

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Para asegurar la justicia y la corresponsabilidad en el cumplimiento de las pensiones alimentarias, Alejandra Anguiano González, titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, se reunió con el Poder Judicial del Estado para robustecer y extender las funciones del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA), con el objetivo de que un mayor número de mujeres tenga acceso de manera eficiente y rápida a este sistema.

Según un comunicado emitido, Anguiano González subrayó que esta iniciativa representa un avance significativo para abordar una de las cuestiones más críticas de desigualdad en la región: el abandono económico que sufren las mujeres y sus hijos e hijas. En la actualidad, el 32 por ciento de las familias en Michoacán son mantenidas por mujeres, y 309 mil madres se encuentran solas, aunque únicamente 2 mil 839 deudores alimentarios están inscritos en el RNOA.

El acuerdo se ratificó en una conferencia con el magistrado presidente del Poder Judicial, Hugo Gama Coria, donde ambas instituciones coincidieron en la necesidad de unir esfuerzos técnicos y legales para ampliar la cobertura del registro, optimizar su funcionamiento y asegurar que actúe como una herramienta eficaz para el acceso a la justicia.

Desde la Seimujer, se está promoviendo una estrategia integral que incluye información y apoyo para la inscripción en el RNOA, así como la propuesta de reformas legales que requieren un certificado de no deudor alimentario como condición para desempeñar cargos públicos, formalizar matrimonios o gestionar licencias, avanzando hacia un modelo de justicia y restitución con enfoque de género.

Asimismo, se ofrecen servicios jurídicos, psicológicos y de trabajo social sin costo en 40 municipios mediante los Centros LIBRE, donde las mujeres reciben asesoramiento y asistencia para exigir el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias y hacer valer sus derechos.

Con este esfuerzo conjunto, Michoacán está progresando en la implementación de políticas públicas que combaten la impunidad en materia alimentaria y aseguran que ninguna mujer o niña padezca carencias a causa del abandono o la falta de responsabilidad por parte de los padres.

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