El Gobierno argentino encabezado por el presidente Javier Milei declaró este jueves como organizaciones terroristas al Cártel de Sinaloa, procedente de México, así como a las colombianas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La resolución conjunta emitida por los ministerios de Seguridad Nacional y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, divulgada este jueves en el Boletín Oficial, también abarca a dos grupos adicionales: la mexicana La Nueva Familia Michoacana y la ecuatoriana Los Tiguerones.
Asimismo, el Gobierno ha decidido añadir las cinco organizaciones al Registro Público de Personas y Entidades relacionadas con Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), con el propósito de mejorar la prevención y la detección temprana, así como facilitar el intercambio informativo entre las autoridades argentinas y las de otros países.
Conforme a la normativa, que se fundamenta en reportes clasificados de ambos ministerios, la naturaleza transnacional de estos grupos, su capacidad operativa, su expansión en la región y la diversificación de sus actividades ilícitas constituyen amenazas para “la vida, los bienes y el patrimonio de los ciudadanos de la Nación”.
La Oficina del Presidente emitió este miércoles un comunicado firmado por Milei en el que anticipó esta acción.
En el mensaje oficial, caracterizó al Cártel de Sinaloa como una “entidad criminal transnacional implicada en el narcotráfico, contrabando, secuestros extorsivos y otras actividades ilegales”, y subrayó que varias naciones, incluida Estados Unidos, ya lo habían calificado como organización terrorista.
Acerca de La Nueva Familia Michoacana, el comunicado indicó que se dedica a “el tráfico internacional de estupefacientes y la minería ilegal”, mientras que describió a Los Tiguerones como un grupo que se ocupa del “narcotráfico y el sicariato”, y como una de las organizaciones “más violentas en la región”.
En lo que respecta a las FARC-EP y el ELN, la Presidencia las identificó como “organizaciones guerrilleras insurgentes de ideología extrema izquierda”.
Esta medida fue coordinada por la Cancillería, los ministerios de Seguridad Nacional y de Justicia, así como la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que en agosto ya había agregado al registro a Los Chone Killers, otra agrupación criminal ecuatoriana.
