Movimiento Ciudadano expresó su desacuerdo con los resultados del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla durante la presentación de su Quinto informe de actividades en el Congreso del Estado de Michoacán.
En su discurso, el diputado Antonio Carreño Sosa, en representación de la bancada naranja, lamentó que la entrega del informe se convierta en una mera celebración del gobernador, omitiendo así un verdadero ejercicio de accountability.
“Debemos superar la etapa de los aplausos. Deberíamos abandonar esa antigua práctica priísta del Día del Gobernador que se limita a aplaudir y vitorear al gobierno. Sería más apropiado organizar un JaloFest, ¿no les parece?”, enfatizó el legislador.
Carreño Sosa enfocó parte de su intervención en el ámbito de la seguridad y la atención a las víctimas, afirmando que Michoacán ha recibido apoyo del gobierno federal y del Plan Michoacán, sin que esto haya conducido a obtener resultados notables en el estado.
“Recibieron todo el apoyo federal y hasta un Plan Michoacán. ¿Y aún así no lograron obtener mejores resultados? ¿No fue suficiente para proporcionar una atención digna a las víctimas del delito? Actualmente existen más de 9 mil víctimas registradas y se les asignan apenas 250 mil pesos mensuales. Hagan las cuentas: son solo 27 pesos al mes por cada víctima. ¿Dónde se encuentra la justicia social?”, cuestionó nuevamente el legislador.
En el ámbito de la salud, reconoció la rehabilitación de hospitales, pero advirtió que la infraestructura por sí sola no asegura una atención médica adecuada mientras persista la falta de personal y medicamentos. Agregó que casi la mitad de los ciudadanos afirman no tener acceso a servicios de salud.
En cuanto al sector educativo, el diputado aceptó que se han regularizado los pagos al magisterio, aunque criticó que el cumplimiento puntual de los salarios se presente como un logro, considerando que es una obligación fundamental del gobierno.
Carreño Sosa también puso en tela de juicio las inversiones en obras públicas y argumentó que la evaluación de la administración estatal no debe basarse únicamente en el monto de los recursos destinados a infraestructura, sino en el impacto que estas inversiones tienen en la calidad de vida de la población.
