Con el reloj constitucional en funcionamiento, el Congreso de Michoacán se enfrenta al desafío de implementar una reforma integral al Código Electoral local. A través de un análisis técnico que descompone cambios en al menos 33 artículos, los representantes locales buscan actualizar las normas del sistema democrático, en una carrera que se encuentra marcada por el límite legal de 90 días antes del inicio del proceso electoral, constituyendo la última frontera para cualquier ajuste normativo. El periodo electoral 2026-2027 comenzará el próximo 4 de septiembre de este año.
La magnitud de la iniciativa se hace evidente en la considerable cantidad de artículos que requieren modificaciones, abarcando desde las definiciones fundamentales del sistema hasta la organización operativa del Instituto Electoral de Michoacán (IEM). El análisis comparativo pone de manifiesto una intención de actualizar el marco legal mediante la inclusión de conceptos como la violencia digital, la penalización de campañas negativas y el reconocimiento formal de las juventudes, lo que presagia una reestructuración significativa de la normativa vigente.
Entre los artículos a modificar se encuentran:
El artículo 13 (referente a los requisitos para ser electo)
El 18 (concerniente a elecciones extraordinarias y sanciones a infractores)
El artículo 57 (sobre los requisitos para los consejeros electorales)
El 58 (relativo a procesos internos y paridad de género)
El 169 (acerca de la propaganda electoral y campañas)
Entre las modificaciones propuestas destaca la formalización del derecho al voto para individuos en condición de postración y para ciudadanos en prisión preventiva que no han recibido una sentencia definitiva.
Asimismo, se establece la figura de la “Diputación Migrante o Binacional”, la cual requiere requisitos específicos de residencia en el extranjero para asegurar que la diáspora de Michoacán cuente con una representación genuina en el Poder Legislativo local.
En lo que respecta a la equidad y ética, la iniciativa fortalece los mecanismos de paridad de género y la obligatoriedad de la “Declaración 8 de 8” para impedir que agresores o deudores alimentarios accedan a puestos públicos. Además, se instauran normas más rigurosas para la sustitución de candidatos y el registro de planillas, con el fin de que el IEM disponga de mayores facultades de supervisión frente a eventuales simulaciones por parte de los partidos durante el proceso de registro.
No obstante, la cantidad de cambios propuestos se enfrenta directamente a la necesidad de cumplir con el calendario legislativo, ya que los días para llevar a cabo reformas significativas se están reduciendo. Dado que se debe discutir, dictaminar y votar una gran cantidad de artículos, cualquier retraso administrativo o falta de acuerdo podría poner en riesgo la implementación de estas nuevas normas para los próximos comicios, dejando a la entidad en una situación de inestabilidad jurídica.
Michoacán se dirige hacia una sólida transformación electoral, siempre que la voluntad política pueda prevalecer sobre la presión del tiempo.
