Durante la administración de Donald Trump, el gobierno de los Estados Unidos ha aumentado la anulación de visas dirigidas a políticos y funcionarios de México. De acuerdo con un informe de Reuters, se han documentado al menos 50 casos como un mecanismo diplomático para ejercer presión sobre México, particularmente en cuestiones vinculadas a la seguridad y la lucha contra el crimen organizado.
Los individuos que han sido afectados incluyen:
Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, junto a su esposo Carlos Torres. La gobernante confirmó la cancelación de su visa, indicando que esto ocurre en un “contexto binacional complicado”.
Héctor Astudillo, exgobernador de Guerrero, manifestó que su visa fue revocada en julio sin ofrecer detalles.
Luis Samuel Guerrero, un funcionario de salud en Baja California y cónyuge de la alcaldesa de Mexicali, fue detenido y devuelto en la frontera.
Juan Francisco Gim, alcalde de Nogales, Sonora, y Óscar Castro, alcalde de Puerto Peñasco, también se vieron afectados.
Mario Alberto López Hernández, representante del PVEM, fue arrestado en Texas, interrogado y deportado sin visa.
Asimismo, figuras del entretenimiento también han enfrentado sanciones:
Julión Álvarez perdió su visa de trabajo y ya no tiene la posibilidad de presentarse en Estados Unidos.
La agrupación Alegres del Barranco fue castigada tras rendir tributo en un concierto a “El Mencho”, líder del CJNG. Las autoridades estadounidenses anularon sus visas debido a su apoyo a una organización calificada como terrorista.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó no poseer información oficial al respecto y enfatizó que se trata de datos de naturaleza personal entre los gobiernos.
