La Fiscalía General del Estado (FGE) está a punto de formalizar un acuerdo para el apoyo urgente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en casos de gran notoriedad pública, como los homicidios de Bernardo Bravo y Carlos Manzo, según lo afirmó hoy el fiscal Carlos Torres Piña.
Esta declaración se realizó tras su encuentro con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en la Ciudad de México, con quien, mencionó, sostuvo una conversación continua sobre las acciones relativas a los casos previamente mencionados y el incidente de Coahuayana.
Añadió que uno de los compromisos alcanzados con Harfuch fue la pronta elaboración de este convenio con la UIF, con el fin de que colabore en las múltiples investigaciones que se están llevando a cabo, así como en el fortalecimiento de los expedientes en diversas denuncias.
Respecto al caso de Coahuayana y el Plan Michoacán, el fiscal indicó que la Fiscalía General de la República (FGR), que ha asumido la investigación, se encargará de realizar pesquisas y análisis sobre los artefactos utilizados en la explosión, el lugar donde ocurrió, entre otras actividades, mientras que la FGE brindará apoyo en lo que respecta a los daños estructurales.
Entre enero y noviembre de 2025 se registraron 7,206 carpetas de investigación judicializadas en Michoacán, lo que representa un aumento del 9. 8 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024, año en el que se documentaron 6,565 carpetas judicializadas en la citada entidad, según información proporcionada por la Fiscalía General del Estado (FGE).
El fiscal estatal, Carlos Torres Piña, presentó este jueves un análisis comparativo de la incidencia delictiva entre las acciones implementadas durante el periodo de enero a noviembre de este año 2025, en contraste con el mismo intervalo del año anterior.
– En cuanto a las vinculaciones a proceso, se observó un leve incremento del 2. 1%, al subir de 1,958 a 1,999.
– En los Acuerdos llevados a cabo en la sede ministerial, se registró un incremento del 1. 2%, pasando de 9,143 a 9,257.
– Se produjo una disminución del 2. 2% en los mandamientos judiciales.
– En las carpetas de investigación judicializadas, se evidenció un aumento del 9. 8%.
– En lo que respecta a sentencias condenatorias y procedimientos abreviados, se registró una baja del 11. 5%, al descender de 773 a 684.
Asignaciones de plazas concursadas
El fiscal recordó que, desde que asumió el cargo, se determinó implementar ajustes en el presupuesto, así como la asignación de ciertas áreas. Aunque él podía proponer perfiles, se optó por realizar un concurso en el que intervinieron diversas instituciones, con el objetivo de seleccionar a los mejores perfiles en cada área mediante evaluaciones.
Fue en agosto cuando se lanzó la convocatoria, que resultó en 21 plazas concursadas para subdirecciones; 70 sitios para policías de investigación; 15 posiciones para directores de PDI de Fiscalías Especializadas y 21 peritos, todas las cuales ya han sido adjudicadas.
De igual manera, actualmente se encuentran en proceso de concurso 205 plazas para directores de PDO de fiscalías regionales, de Carpetas de Investigación y Litigación, así como para Policías de Investigación, Agentes del Ministerio Público y Peritos.
