La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) ha comunicado que conserva bajo custodia un total de 182 cuerpos no identificados, mientras prosigue con la implementación de diversas estrategias para su reconocimiento.
La FGE ha declarado a este medio que, entre las acciones llevadas a cabo para la identificación de los cuerpos, se incluye el envío de huellas dactilares al Instituto Nacional Electoral (INE), mediante un acuerdo de colaboración que busca contrastar los registros y así facilitar la determinación de identidades.
Adicionalmente, se están realizando procedimientos de identificación genética mediante análisis de ADN de los cuerpos resguardados, los cuales son confrontados con muestras de familiares de las miles de personas que se encuentran desaparecidas o no localizadas en Michoacán.
Conforme al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), actualmente hay un registro de 7,687 personas en esta situación en Michoacán; de las cuales, 7,351 son clasificadas como “desaparecidas”, lo que indica que existe sospecha de que pudieran haber sido víctimas de un crimen, y 336 son consideradas “no localizadas”, que se atribuiría a decisiones personales.
Recientemente, este tema ha suscitado controversia por la propuesta del Gobierno de México de depurar la base de datos del RNPDNO, justificando que un número significativo de registros se presume que son datos incompletos, además de que hay indicios de supuesta actividad económica (como pagos bancarios), sin que haya evidencia tangible de la persona involucrada.
A nivel nacional, más de 133 mil personas están registradas en el RNPDNO, y el gobierno federal pretende reducir esta cifra a aproximadamente 43 mil, que a su juicio cuentan con la información suficiente para facilitar su búsqueda y, así, considerar su desaparición como real o efectiva.
Un informe reciente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU indicó que en México hay alrededor de 72 mil restos humanos, correspondientes a cuerpos o fragmentos que se encuentran en servicios forenses o fosas comunes sin identificar, sobrepasando la capacidad de respuesta del Estado. Este incremento es notable si se compara con la cifra de 52 mil documentada en 2021.
El informe también detalló el hallazgo de alrededor de 4,500 fosas clandestinas, en las que se han descubierto más de 6,200 cadáveres completos en los años recientes. El Comité de la ONU criticó la gestión de la crisis de desaparecidos en el país, y llegó a considerar que, por la participación, inacción y/o consentimiento de las autoridades de todos los niveles, podría considerarse un crimen de lesa humanidad por parte del Estado mexicano, por lo que propuso abordar el asunto en la Asamblea General de la ONU para buscar vías de colaboración.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha rechazado el informe, acusando supuestos “sesgos” e “intenciones”, y argumentando que la ONU no tomó en consideración una serie de medidas y políticas implementadas, aunque no presentó evidencia sobre su efectividad. En cambio, la Federación ha amenazado con “desaparecer a los desaparecidos”, como han caracterizado los grupos de búsqueda la idea de depurar el RNPDNO.
En lo que respecta a Michoacán, la Fiscalía del estado especificó que el objetivo es localizar a los individuos y reconocer los cadáveres en custodia. Para ello, se tiene actualizada la plataforma “Identifica A”, donde se puede acceder a datos como tatuajes, características distintivas, ropa y rasgos físicos específicos.
