El conflicto entre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y el Congreso del Estado de Michoacán ha escalado a un nuevo nivel de conflicto tras el anuncio de la presentación de una denuncia de juicio político por parte de la institución educativa contra el presidente de la Mesa Directiva, Baltazar Gaona García.
Esta decisión surge de lo que la Casa de Hidalgo considera una invasión inapropiada de su autonomía, luego de que el Poder Legislativo solicitara informes exhaustivos sobre las modificaciones normativas resultantes de un decreto publicado en 2025.
El origen de la disputa radica en el incumplimiento de un plazo legal que se cumplió el 4 de diciembre de 2025. De acuerdo con el decreto emitido el 8 de marzo de ese mismo año, la UMSNH tenía un total de 190 días hábiles para efectuar diversas modificaciones administrativas y normativas.
Ante la ausencia de informes sobre el progreso, el Congreso lanzó un llamado a la rectora Yarabí Ávila González para que proporcionara evidencia del avance en un periodo de 15 días, petición que fue desatendida por la autoridad universitaria.
Baltazar Gaona anunció que el Congreso notificará oficialmente la recepción del documento de juicio político en su contra durante la sesión que se llevará a cabo este miércoles, el cual será enviado a la Comisión Jurisdiccional para evaluar su viabilidad.
El legislador justificó su accionar asegurando que su responsabilidad principal es garantizar el cumplimiento de la ley y supervisar que la universidad realice sus actividades en pro de los miles de estudiantes y trabajadores que dependen de ella.
“Presentaron aquí en esta conferencia un juicio político en mi contra, precisamente argumentando el tema de que estamos invadiendo la autonomía de la Universidad Michoacana, se le va a dar el trámite y aquí los diputados decidirán si procede o no. Yo no tengo ningún problema en ese sentido. Yo creo que mi responsabilidad es hacer cumplir la ley, como me comprometí cuando lo me contesté”.
En el ámbito judicial, la principal institución educativa intentó detener las presiones del Legislativo mediante un juicio de amparo, solicitando medidas cautelares para anular la solicitud del Congreso. Sin embargo, Gaona García aclaró que, aunque el tema no ha sido resuelto en su totalidad, la solicitud de la universidad fue denegada, por lo que el requerimiento de información permanece en vigor y la institución continúa en una situación de desacato ante el Poder Legislativo.
A la controversia se ha sumado la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), que ha lanzado un llamado al Congreso michoacano para que respete la institucionalidad y la autonomía de la universidad nicolaita.
Sin embargo, para la Mesa Directiva del Congreso, la intervención de la ANUIES es considerada como un esfuerzo por desviar la atención de la falta de transparencia en los procesos de reforma que la universidad debió haber concluido desde finales del año pasado.
