La activista y líder indígena purépecha Dulce Patricia Torres Sandoval, quien forma parte de la Coordinación General de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y representa la región México en el Enlace Continental de Mujeres Indígenas, criticó la limitada participación de funcionarios en el conversatorio del 25 de noviembre en el Congreso de Michoacán. Su observación subraya que la falta de presencia institucional contradice el compromiso proclamado hacia los derechos de las mujeres.
Ante un auditorio casi vacío, manifestó: “Hace un momento se mencionó que mil personas laboran en el Congreso y yo no percibo ni el 10 por ciento”. Resaltó que sin una participación real del personal legislativo, ningún mecanismo, protocolo o política pública podrá implementarse con eficacia.
En el patio del recinto del Poder Legislativo de Michoacán, donde el martes se conmemoró el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, recordó que la aplicación de políticas depende de quienes desempeñan funciones diariamente en las instituciones, no únicamente de los que lideran los eventos.
Con una trayectoria significativa que incluye reconocimientos en foros de la OEA y la ONU, participación en el Grupo de Trabajo para la Implementación de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y su papel como cofundadora de la Red Nacional de Abogadas Indígenas, Torres enfocó su análisis en los retos para llevar a cabo las recomendaciones generales 39 y 40 del Comité CEDAW.
Señaló que la recomendación 39 establece responsabilidades para asegurar los derechos individuales y colectivos de las mujeres y niñas indígenas.
Esto implica reconocer su derecho a la autodeterminación, alineación de leyes con un enfoque intercultural, asegurar acceso a la justicia sin discriminación, eliminar la violencia basada en género, proporcionar educación y atención en salud con relevancia cultural y proteger a las defensoras de la tierra en situaciones de riesgo.
A partir de su experiencia como docente en Antropología Social graduada del CIESAS y defensora con más de veinte años de trabajo en comunidades, alertó que subsisten desigualdades estructurales, rezago en educación, pobreza, exclusión lingüística, violencia institucional, militarización y la influencia del crimen organizado en Michoacán, factores que incrementan la vulnerabilidad de las mujeres indígenas.
Respecto a la recomendación 40, enfatizó que el Estado debe asegurar una participación política plena, no meramente simbólica, para todas las mujeres.
Esto abarca la prevención y sanción de la violencia política, la reforma de las instituciones para garantizar paridad sustantiva, la oferta de capacitaciones y acompañamientos culturalmente relevantes, y asegurar recursos equitativos para liderazgos y campañas.
Manifestó que, aunque se han observado avances en la inclusión de mujeres indígenas en consejos comunales y cargos municipales, siguen enfrentando violencia política y barreras en sistemas normativos internos donde la participación femenina es aún limitada o riesgosa. Asimismo, advirtió sobre el aumento de ataques digitales dirigidos a mujeres indígenas en contextos políticos.
Torres solicitó que se destinen parte de los presupuestos comunitarios directos a la formación de liderazgo, fortalecer a las autoridades indígenas mujeres y desarrollar protocolos que sean culturalmente pertinentes.
Resaltó que la capacitación intercultural para el personal del gobierno debe ser obligatoria, ya que las organizaciones indígenas han documentado casos de racismo, incluso en talleres realizados por partidos políticos.
Como parte de redes tanto nacionales como internacionales que representan a mujeres indígenas, enfatizó que la organización de la sociedad civil cuenta con metodologías y experiencia para apoyar estos procesos. Por lo tanto, solicitó que el Estado las reconozca como aliadas estratégicas.
Finalizó afirmando que México no podrá aspirar a convertirse en una nación justa y democrática sin la contribución significativa de las mujeres indígenas en las áreas de política, educación, justicia, salud, defensa del territorio y vida pública.
“Las mujeres indígenas nos esforzamos por ser y, de hecho, somos agentes, sujetos, protagonistas y creadoras de políticas públicas”, expresó.
