La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha procedido al bloqueo de las cuentas de 22 individuos y entidades que fueron identificados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como parte de una red delictiva internacional dedicada al lavado de dinero.
Esta medida se implementó después de la publicación de un comunicado oficial por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que forma parte del Departamento del Tesoro. En dicho comunicado, se establece que los sancionados son parte de una facción del Cártel de Sinaloa denominada “Los Mayos”, que es liderada por Ismael “El Mayo” Zambada.
Según el documento mencionado, los bloqueos abarcan a 7 personas físicas y 15 empresas que han estado involucradas en actividades financieras ilegales en Rosarito, Baja California, donde se había configurado una red operativa conocida como “Los Mayos Playas de Rosarito Network”. Esta célula era comandada por Juan José Ponce Félix, apodado “El Ruso”, y tenía conexiones con el narcotráfico y el blanqueo de capitales hacia Estados Unidos.
El Tesoro Indica que “Los Mayos están relacionados con el tráfico de fentanilo, cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina desde México hacia Estados Unidos. Además, han utilizado compañías para lavar millones de dólares provenientes de actividades ilícitas”.
Asimismo, el gobierno estadounidense ha señalado a diversas empresas mexicanas vinculadas a esta red, incluyendo clubes nocturnos, establecimientos de alimentos, constructoras y compañías de transporte. Todas estas entidades han sido incluidas en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN, por su sigla en inglés), lo que conlleva una congelación de activos y limitaciones legales para operar en el sistema financiero internacional.
La UIF ha indicado que estas acciones de bloqueo en México son medidas preventivas que no equivalen a resoluciones judiciales, sin embargo, permiten impedir la dispersión o inclusión de recursos ilícitos en la economía nacional. En caso de detectar elementos delictivos, se informará a la Fiscalía General de la República (FGR).
