Tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que desestimó un recurso de amparo presentado por Elektra y reafirmó su responsabilidad de abonar más de 33 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), Grupo Salinas emitió un comunicado en el que acusó al tribunal supremo de actuar con motivaciones políticas y de transgredir el Estado de Derecho.
La empresa describió la resolución como “una jornada sombría para la justicia” y afirmó que la Corte actuó sin un análisis jurídico adecuado, siguiendo directrices del Gobierno Federal. “Los ministros desestimaron todos los argumentos de Grupo Salinas, cumpliendo al pie de la letra las órdenes emitidas por el Ejecutivo”, se indica en el comunicado divulgado por la compañía en sus redes sociales.
Grupo Salinas manifestó que este fallo no solo impacta a sus empresas, sino que establece un precedente alarmante para la inversión y el entorno empresarial en México. Desde su perspectiva, esta resolución valida la legalidad de “cobros dobles abusivos e ilegales”, debilita la figura del amparo y legitima una persecución política en su contra.
En su extensa declaración, la corporación también censuró a la SCJN por desestimar factores cruciales como el presunto hostigamiento mediático y judicial hacia su presidente fundador, Ricardo Salinas Pliego. Además, señalaron que varias ministras actuaron con “prejuicio personal” y “resentimiento”, haciendo menciones directas a Lenia Batres y María Estela Ríos.
En respuesta a esta circunstancia, Grupo Salinas anunció su intención de llevar el caso ante organismos internacionales, donde, según afirmaron, presentarán evidencias de violaciones a derechos humanos y de una presunta persecución política derivada de su crítica al gobierno actual. “No vamos a ceder ni permanecer en silencio. Aquí estamos y aquí persistiremos”, concluyó el mensaje.
El comunicado fue emitido tras la resolución unánime de la SCJN, que determinó que el recurso de amparo carecía de interés constitucional excepcional, dado que existen precedentes suficientes sobre la legalidad del cobro fiscal correspondiente al año 2013. Este fallo es parte de un conjunto de litigios entre Grupo Salinas y el SAT, cuyos antecedentes han intensificado la tensión tanto política como mediática.
