En el contexto de la “Estrategia Nacional contra la Extorsión”, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, llevaron a cabo la detención de Luis “N”, junto a su esposa Liliana “N”, su hijo Luis Samuel “N”, su hija Aimee de Guadalupe “N” y su escolta Agustín Arturo “N”. Se les acusa de probable participación en actividades vinculadas al delito de extorsión y están implicados en investigaciones relacionadas con la suplantación de la identidad de funcionarios pertenecientes a la Presidencia de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Gobierno del Estado de México, entre otros, con el fin de obtener beneficios económicos o laborales.
El detenido Luis “N” ocupó los cargos de Tesorero General y Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Michoacán entre 2012 y 2013, y ha desempeñado diversas funciones en el ámbito de la administración pública en diferentes niveles de gobierno. Su trayectoria le permitió familiarizarse con las estructuras político-administrativas tanto de Michoacán como de otras regiones y del gobierno federal.
Presenta un historial delictivo por peculado y fue inhabilitado en el estado de Michoacán, situación que no le impidió, presuntamente, llevar a cabo actividades ilícitas dentro de un complejo esquema de fraude y extorsión en complicidad con su esposa e hijos, entre otros. Su base de operaciones se localizaba en una residencia dentro del exclusivo fraccionamiento “La Providencia” en el municipio de Metepec, Estado de México.
Las indagatorias realizadas por la Fiscalía del Estado de México permitieron destapar el modus operandi de este grupo delictivo, el cual se sostenía en crear certeza y credibilidad ante sus víctimas –políticos, funcionarios públicos o empresarios– mediante el contacto a través de mensajes de texto o llamadas a sus números personales, los cuales habían obtenido previamente a través de su extensa red de relaciones personales construidas a lo largo de los años debido a su experiencia en el servicio público.
Durante estas interacciones con las víctimas, lograban obtener información delicada, como datos personales confidenciales, información sobre las dependencias a las que estaban vinculadas o de otros funcionarios, así como datos pertinentes a las operaciones políticas o económicas, que después utilizaban para suplantar identidades y llevar a cabo sus actividades extorsivas.
Para acceder a la información y “generar confianza”, frecuentemente se hacían pasar por secretarios particulares de algún funcionario o figura político-económica de alto rango, con el objetivo de actualizar agendas o facilitar una comunicación, utilizando mensajes del tipo: “mi jefe desea llamarle desde su celular, por favor, si me proporciona su número, en unos minutos se comunicará con usted por WhatsApp”.
En una segunda fase, las víctimas eran abordadas por el supuesto funcionario de alto nivel, quien afirmaba tener “instrucciones superiores para solicitar su apoyo”, que consistía en dinero para “la operación política o la agilización de pagos”, en “la incorporación laboral de alguna persona en sus estructuras administrativas” o incluso en “recomendar la contratación de servicios con alguna persona física o moral”.
Durante la charla empleaban vocabulario y expresiones previamente estudiadas que les permitían establecer credibilidad. Para lograr esto, el número telefónico utilizado para comunicarse con las víctimas y su entorno más cercano contaba con una imagen de perfil, un icono o un registro de llamada, además de logotipos y nombres oficiales de entidades gubernamentales u organizaciones políticas.
Incluso, para fortalecer el engaño recurrían a la “IA” (inteligencia artificial) con el fin de replicar la voz de figuras políticas o económicas a las que usurpaban y generaban diálogos ficticios entre supuestos funcionarios, a través de mensajes de texto o de voz que posteriormente eran compartidos con sus víctimas.
Como ilustración de estas interacciones, se presenta una conversación del primer contacto de los investigados con representantes de una importante empresa dedicada al desarrollo de tecnologías enfocadas en la emisión de documentos de identidad de alta seguridad, a quienes intentaron engañar ofreciendo un contrato a cambio de una considerable suma de dinero:
“Buenos días, soy…, asistente personal del Licenciado…, ¿podría dedicarme un momento de su tiempo?
Buenos días, señor …, ¿usted es …, de la empresa …?
Tengo registrado que querían comunicarse con el Licenciado …, así como usted… y el señor …, ambos de la empresa …, ¿es correcto?
Ustedes son recomendados por el Señor …, ¿es correcto?
Bueno, dada esta verificación de información, le informo que el Licenciado … se pondrá en contacto con usted desde su teléfono personal en breve, ¿está usted de acuerdo?
Finalmente, por favor proporcióneme dos números de contacto, el suyo y el de su oficina.”
Dado que el investigado Luis “N” está “boletinado” en el sistema bancario mexicano por su actividad delictiva previa, las demandas económicas debían ser entregadas en efectivo. Cuando solicitaba que el dinero se “bancarizara”, utilizaba una empresa dedicada a la arquitectura y construcción, que es propiedad de su hija Aimee “N”. Parte de esos recursos ilegales se utilizaron para adquirir propiedades en zonas de alto valor y vehículos de lujo.
Las investigaciones también determinaron que, para realizar las llamadas telefónicas y el envío de mensajes, utilizaron al menos 19 dispositivos móviles de marcas como iPhone, Samsung Galaxy y Motorola, entre otras; los cuales muestran registros de haber sido utilizados con las tarjetas SIM aseguradas, y están relacionados con los números reportados por algunas de las víctimas.
La Fiscalía del Estado de México logró establecer con un alto grado de probabilidad que tanto Luis “N”, como Liliana “N”, Luis Samuel “N”, Aimee de Guadalupe “N” y Agustín Arturo “N” participaron en estos actos extorsivos mediante la suplantación de identidad. Por ello, fueron trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya, quedando a disposición de la Autoridad Judicial del Estado de México, quien, el pasado 6 de octubre, los vinculó a proceso con una medida cautelar de prisión preventiva, justificada por el delito de extorsión. A los detenidos se les debe considerar inocentes hasta que un Juez determine lo contrario a través de una sentencia condenatoria.
