En sesión ordinaria, el Pleno de la LXXII Legislatura, dio primera lectura al dictamen con proyecto de decreto que contiene la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos de Michoacán.
El dictamen elaborado por las Comisiones Unidas Jurisdiccional y Justicia, integradas por los legisladores María Eugenia Méndez Dávalos, presidenta; Fidel Calderón Torreblanca y Salvador Galván Infante, integrantes, así como, Selene Lucia Vázquez Alatorre, presidenta, José Sebastián Naranjo Blanco, Cristina Portillo Ayala, María Eugenia Méndez Dávalos y Marco Polo Aguirre Chávez, integrantes, respectivamente, destaca la necesidad de actualizar la norma jurídica a fin de establecer los principios rectores de la función pública.
En ese sentido, bajo la premisa de que la finalidad del servicio público es brindar mejores oportunidades de desarrollo y bienestar a la ciudadanía, se proponen los mecanismos para garantizar que los servidores públicos se conduzcan con apego a la legalidad y a los principios de honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.
Asimismo, se plantea modernizar el sistema de control en las entidades públicas, tanto en lo correspondiente al desempeño del cargo, función o comisión, como en lo relativo al orden financiero y administrativo que debe caracterizar a los distintos poderes, ayuntamientos y organismos autónomos.
En el proyecto, se determinan los órganos de control responsables de recibir denuncias, deslindar responsabilidades e imponer sanciones, se homogeniza el proceso administrativo de responsabilidades para todos los poderes; se establecen los órganos de ejecución de las sanciones y se instituye la posibilidad de recurrir ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado para cualquier resolución administrativa de los órganos de control.
Igualmente, considerando la transcendencia del Poder Ejecutivo y su magnitud en referencia a los demás poderes e instituciones estatales, se establecen las contralorías internas de sus diferentes dependencias, mismas que serán dependientes de la Coordinación de Contraloría pero que se ubicarán respectivamente a efecto de generar una mayor cautela en la administración de recursos y en el desempeño de los servidores públicos.
Por lo que ve al Juicio Político, se respeta el espíritu de la Constitución del Estado y se ajusta lo relativo a la instancia de instrucción, al igual que lo correspondiente al Juicio de Procedencia y al Registro Patrimonial.
Mientras que en cumplimiento al orden constitucional local, se incorpora la Acción Pública como mecanismo a través del cual los ciudadanos pueden presentar denuncia ante el Congreso del Estado respecto de actos u omisiones que sean motivo de sanciones administrativas, políticas o penales.
Por último, considerando la importancia de la convicción de servicio que debe caracterizar a cada una de las instituciones del Estado, se dispone la publicación obligatoria de Códigos de Ética que respondan a las necesidades particulares del servicio que se presta a la ciudadanía.
Cabe destacar, que la Iniciativa de Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos, fue presentada al Pleno del Congreso por la diputada María Eugenia Méndez Dávalos, y turnada a las comisiones en referencia para su estudio, análisis y dictamen.
