Alrededor de la mitad de los 113 municipios michoacanos tiene en contra laudos por conflictos laborales que ya les resultan “impagables”, al generar montos que implican saldos superiores al presupuesto que los ayuntamientos destinan a la ejecución de obra pública.
A decir del presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado, José Miguel Jiménez Martínez, los ayuntamientos del estado deben en su conjunto más de 400 millones de pesos por fallos laborales en su contra.
Consideró que ante esta problemática ya se toman medidas para vincular al Congreso local, a través de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), para que investigue los casos de negligencia.
En entrevista con este medio, comentó que en lo que va del año, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje ha resuelto aproximadamente tres mil 500 casos; sin embargo, se tiene un rezago de cerca de siete mil 500 juicios vigentes derivados de demandas individuales.
De esa cifra, entre un 40 y un 45 por ciento corresponde a demandas contra los ayuntamientos, entre 35 y 40 por ciento contra el Ejecutivo estatal, y el resto, contra los poderes Legislativo y el Judicial, con la precisión de que a este último correspondería sólo un cinco por ciento.
Al Tribunal de Conciliación y Arbitraje llegan principalmente demandas por despido injustificado del trabajador. Si bien hay quienes solicitan la indemnización constitucional, en la mayoría de los casos se reclama la reinstalación laboral.
Despedir, “mala práctica”
Jiménez Martínez evidenció que en los ayuntamientos se replica la “mala práctica” de despedir a todos los trabajadores (no sindicalizados) siempre que inicia funciones una nueva administración, por lo que los ex colaboradores acuden al Tribunal para reclamar el despido injustificado y solicitar su reinstalación.
Apuntó que hay ayuntamientos que actualmente arrastran juicios desde 2005 o 2008, que implican laudos impagables: “Hay ayuntamientos que el laudo que tienen en su contra es mucho mayor al recurso que tienen asignado para obra pública”, indicó.
Desde su experiencia como presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, estos juicios impagables se generan porque los ayuntamientos no tienen el recursos para solventar los laudos, o bien porque determinan alargar los juicios para heredarlos a las siguientes administraciones que, a su vez, se niegan a responder con el argumento de que no fueron las que despidieron a esa gente.
“Hemos trabajado con los ayuntamientos para negociar laudos donde los trabajadores han aceptado incluso recibir el 50 por ciento de la cantidad. Otros se muestran reacios y prefieren, a través de algunos instrumentos, alargar los asuntos hasta la siguiente administración”, criticó.
A pregunta expresa, comentó que hay ayuntamientos que han sido embargados, y por poner ejemplos mencionó a Briseñas, Angangueo y Álvaro Obregón; sin embargo, hay otros municipios en los que no son ejecutables los embargos porque no tienen bienes con qué garantizar los laudos o porque los que existen ya están embargados y hay acreedores que esperan turno.
“Es una situación complicada, en su momento tendrá que intervenir la Auditoría Superior de Michoacán para que sea un tema que incluso sea llevado al Congreso”, enfatizó.
Habrá reestructura interna en el Tribunal
Por otro lado, José Miguel Jiménez anticipó que en breve se llevará a cabo una reestructura interna en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje con la finalidad de abatir ese rezago existente de siete mil 500 demandas individuales.
Consideró importante que el Tribunal culmine este año con el menor rezago posible, pues el próximo será un año electoral, de alternancia en las administraciones, y por los mismos despidos injustificados que se dan, se estima que la carga de trabajo se podría cuadruplicar.
Indicó que debido a la falta de atención que administraciones pasadas tuvieron hacia este Tribunal, actualmente atiende procesos laborales de los tres poderes y los 113 ayuntamientos michoacanos con menos de 60 personas.
Con un presupuesto de once millones de pesos, cinco millones más que el año pasado, este mismo año se habrá de concretar la reestructura interna, que contempla la incorporación de otra sala de audiencias, la apertura de un área de peritos y de una área especializada para que acuerde radicaciones de demanda, estaciones de demanda, reciba convenios fuera de juicio y lleve a cabo los trámites procesales para la declaración de beneficiarios cuando el trabajador fallece y tienen que cubrírsele prestaciones a sus beneficiarios. Se contratarían tres abogados más y un secretario de acuerdos auxiliar.
Para que este proceso de reestructuración se lleve a cabo ya se tiene la opinión viable de la Subsecretaría de Administración e Innovación de Procesos, sólo falta el oficio de autorización de parte de la Comisión de Gasto y Financiamiento.
