Un total de 64 trabajadores de las policías preventivas municipales de Gómez Palacio y Lerdo quedaron bajo arraigo, medida cautelar concedida por el Juez Penal en turno, para continuar la indagatoria en relación a los hechos que se les imputan por probables nexos con grupos del crimen organizado. La fiscal General del Estado, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, añadió que de las 159 personas que el pasado viernes fueron trasladadas a la ciudad de Durango para comparecer por los mismos hechos, cuatro fueron puestas a disposición del Juez Penal en cumplimiento a una orden de aprehensión.
También dio a conocer que 91 elementos de las corporaciones municipales fueron puestos en libertad al no contar con los elementos necesarios para que continuaran bajo investigación. Asimismo, se cumplimentó con posterioridad una orden de aprehensión en contra de un servidor público, así como dos órdenes de aprehensión en contra de particulares. La funcionaria precisó que una vez realizada la solicitud de arraigo ante el Juzgado Penal, se concedió la medida cautelar contra 64 servidores públicos municipales por un plazo de 30 días, término que pudiera duplicarse en caso necesario, pero igualmente si antes de ese tiempo se tuvieran los elementos, se ejecutará la acción penal.
Respecto a los liberados, la fiscal detalló que algunos de ellos se encontraron no aptos en sus exámenes de Control y Confianza en tanto que otros que efectuaban labores policíacas deberían aún participar en el curso de capacitación y adiestramiento requerido para la renovación de la licencia colectiva de portación y uso de armas de fuego, de acuerdo a las disposiciones legales del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En última instancia, dijo, será determinación de la Secretaría de Seguridad Pública del estado admitirlos como agentes activos, en virtud de los convenios firmados con los Ayuntamientos, por los cuales las corporaciones municipales quedarán bajo el mando de esta instancia.
