* Michoacán sube al primer lugar en registro de secuestros.
* Aprueban reformas para aumentar hasta 140 años de cárcel a secuestradores.
Luego del incremento a nivel nacional en secuestros, y de que Michoacán se posicionará como el primer estado en padecer de este delito, el panista Salvador Vega Casillas apoyó desde la Cámara de Senadores la reforma a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, donde se incrementa la pena hasta 140 años de prisión.
“Con esto demostramos a la ciudadanía que estamos preocupados por su seguridad y su tranquilidad, además de que es necesario implementar medidas duras para poder hacer justicia en el país, y en este caso en Michoacán, por ser un estado muy lastimado en este delito”.
El legislador panista detalló que según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su informe bimestral de enero-febrero del 2014, Michoacán asciende al primer lugar en secuestros, pues se registraron 17 y 19 en los meses primero y segundo del año, respectivamente. Lo que suman 36, de un total de 278 secuestros en el país.
Vega Casillas agregó que en Michoacán se incrementan los delitos de todo tipo y la impunidad por parte de las autoridades estatales continúa, por lo que exigió que se les brinde atención a los ciudadanos y que se procure la justicia en el estado para que delitos del fuero común, como los secuestros sean esclarecidos y se frenen a la par con la ola de delincuencia.
“Nosotros como legisladores estamos haciendo la parte que nos toca para poner las medidas necesarias de sanciones a los delincuentes, pero ahora toca la parte de los ministerios públicos de cada estado para investigar, esclarecer y detener a los culpables de los actos ilícitos. Para lograrlo se debe acabar con la corrupción en los elementos de la procuración de justicia”.
El panista recordó información de autoridades de seguridad que indican que este delito va en aumento, en el caso específico de Michoacán, derivado del freno a las bandas delictivas para ejercer el narcotráfico, por lo que han tenido que obtener recursos a base de secuestros, extorciones y pago por derecho de piso.
“Pero si ya sabemos que están buscando otras formas de obtener dinero de manera ilegal, entonces la presencia masiva de todas las fuerzas federales debe ser más integral y cerrarle paso a las bandas delictivas; entendemos que ya se está implementando una estrategia más completa pero esperamos ver resultados prontamente pues las cifras no son alentadoras ”.
Detalló que la reforma aprobada por el Senado, y turnada a la Cámara de Diputados para su respectivo análisis y votación, contempla para los secuestradores que asesinen a sus víctimas, una pena de 80 a 140 años de prisión, mientras que actualmente ese castigo va de 40 a 70 años de cárcel.
En caso de que el secuestrador torture o ejerza violencia sexual contra la víctima, la pena será de 50 a 100 años de prisión, y si la víctima es menor de 18 años o mayor de 60, la pena será de 50 a 90 años de cárcel.
Salador Vega reiteró que el incremento real a las privaciones ilegales de la libertad que se han dado en Michoacán, no se pueden resumir a las cifras oficiales, pues se estiman que por cada denuncia existen diez más que no se registran a las autoridades correspondientes.
Ante ello el michoacano invitó a todos los ciudadanos a que se unan a la cultura de la denuncia, pues ya existe mucha información y garantías para hacerlo, además de protocolos que las autoridades competentes han realizado para aplicarlos en un caso similar, donde han resultado exitosos y se ha podido liberar a las víctimas.
Añadió que se han creado varias organizaciones civiles que orientan para la prevención del secuestro, para que la gente esté preparada y pueda evitar que la priven de su libertad, además a las víctimas se les da atención especializada para superar el daño moral que han vivido.
Para finalizar sentenció que es la denuncia el único método posible para exigir a las autoridades que cumplan con su trabajo; que adopten las medidas de protección eficaces frente a la vulnerabilidad del derecho a la vida de las personas; que se les de la debida atención a las víctimas; que hagan las averiguaciones correspondientes hasta encontrar a los responsables y se realice la reparación del daño moral y económico a los lacerados.
