El líder de las autodefensas de la tierra caliente michoacana, José Manuel Mireles Valverde, podría ser sentenciado a treinta años de prisión, de prosperar la acusación que le formula la Procuraduría General de la República; ese tiempo, es el doble del que enfrentaría el hijo del líder de la delincuencia organizada de la misma región, Servando Gómez, alias La Tuta, también detenido actualmente y sujeto a proceso.
Esa posibilidad para Mireles estriba en que la Procuraduría General de la República agravó el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos por el cual el médico fue consignado. El fin de semana el juez de distrito con sede en Uruapan, decidió dictarle el auto de formal prisión bajo esos términos.
Mireles fue acusado por la PGR de traer consigo armas de fuego de uso del Ejército, delito que contempla hasta quince años de prisión. Pero como el Ministerio Público reforzó en su pliego de consignación que él estaba armado junto con más personas, ello podría la sentencia que eventualmente podría dictarle el juzgador.
No se conocía esta agravante contra Mireles, sino hasta el domingo, a través de una tarjeta informativa del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se dio a conocer el auto de formal prisión, y se cita textual que la acusación incluye “la agravante precisada en el último párrafo” del Artículo 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que a la letra cita que “cuando tres o más personas, integrantes de un grupo, porten armas de las comprendidas en la fracción III del presente artículo (de alto poder), la pena correspondiente a cada una de ellas se aumentará al doble”.
En cambio, a Huber Gómez Patiño, hijo del capo Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, quien fue procesado por el mismo delito de llevar armas, no se le aplicó la misma agravante que a Mireles, por lo que el tiempo máximo que podría alcanzar por ese ilícito son 15 años de cárcel.
Gómez Patiño también había sido acusado por la PGR de delincuencia organizada, pero un juez decidió no procesarlo por ese ilícito al considerar que las pruebas eran insuficientes.
