Una estrecha comunicación para la solución de los problemas que aquejan a la entidad y su compromiso para continuar trabajando por la seguridad de Michoacán, comprometió el Secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos Becerra, durante su comparecencia ante la LXXII Legislatura del Congreso del Estado.
El funcionario estatal señaló que a seis meses de instrumentar la estrategia de seguridad en Michoacán, se ha llegado a abatir los índices delictivos y consolidar a las instituciones, a través de una política tendiente a garantizar la paz social de los michoacanos.
Durante la ponencia, el funcionario expuso ante los 40 legisladores, y público presente, que el pasado 13 de enero se suscribió un Acuerdo de Coordinación entre el Ejecutivo Federal por conducto del Secretario de Gobernación y el Estado de Michoacán, con el objeto de establecer las bases para que el Gobierno de la República, encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto, brinde apoyo en materia de Seguridad Pública a la entidad, a fin de restablecer la seguridad y el orden público.
Esto, a causa de que en Michoacán se encontraba activamente un grupo criminal, que tenían el control de varios factores detonantes para la estabilidad y gobernanza de los ciudadanos, el cual se infiltró en las instituciones de Seguridad Pública.
En ese sentido, resaltó que en lo respecta al tema de proceso de depuración, en el mes de abril se inició este proceso a las instituciones de Seguridad Pública de Michoacán, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Manifestó que una vez que se notifica a las corporaciones de seguridad sobre la no acreditación de las evaluaciones de control y confianza de algún elemento, éstas están obligadas por ley a la inmediata separación de su cargo.
“Las personas que fueron separadas de su cargo, en ciertos casos, tuvieron derecho a ser indemnizados con tres meses de su salario y las demás prestaciones legales correspondientes, siendo 352 de 685 ex servidores públicos los que han recibido su liquidación, quedando bajo notificación 74 juicios administrativos en contra de la resolución de separación del cargo, mismos que se han contestado puntualmente ante las instancias correspondientes”, resaltó.
El Secretario Carlos Hugo Castellanos Becerra indicó que previo a causar la baja de los ex policías, se implementó el Censo Biométrico con el cual la base de datos del personal operativo y administrativo cuenta con la información y datos genéticos que permiten la identificación, ubicación y el perfil de los agentes.
Asimismo, se puso en marcha el Registro de Huella Balística (IBIS) que documenta los elementos de las armas que utilizan para su clasificación, administración e ingreso a Plataforma México. Respecto al tema de Fuerza Rural, Castellanos Becerra indicó que tras el decreto con fecha 13 de mayo y el resultado de las reuniones realizadas con los grupos civiles se creó este nuevo modelo policial para con ello retomar la tranquilidad y seguridad de sus regiones de origen.
Destacó que a la fecha se han realizado 3701 evaluaciones de aspirantes a la Fuerza Rural, de los cuales aprobaron 2416, mientras que 976 civiles han causada alta en 19 municipios. En relación al tema de Fuerza Ciudadana precisó que con el objetivo principal de contar con integrantes con principios, valores y virtudes que representen a la institución.
En este esquema, Castellanos Becerra informó que los nuevos modelos policiales cuenta, para ellos y sus familias, con el otorgamiento de becas, capacitaciones y estímulos económicos para emprender un negocio enfocado a sus necesidades, “porque ser policía no debe ser un empleo, ser policía debe ser un plan de vida y una aspiración”.
Bajo esa premisa, Castellanos Becerra anunció la Policía Procesal como parte de la transformación del Sistema Penitenciario, en el cual se ha llevado a cabo la instalación de equipos tecnológicos para inhibir señales de comunicación en los Centros de Reinserción Social.
Señaló que de cara a la implementación del Nuevo sistema de justicia penal, se tiene la meta de tener una Policía Científica, con el fin de preservar el lugar de los hechos y -en su caso- realizar los procesos de la cadena de custodia de los indicios del hecho ilícito.
El Secretario agregó que con el propósito de coordinar los esfuerzos del gobierno estatal y las administraciones municipales, bajo la modalidad de Mando Unificado, actualmente 106 Ayuntamientos se han suscrito al convenio, quedando pendientes los municipios Áporo, Cherán, Cuitzeo, Marcos Castellanos, Senguio, Tancítaro y Zináparo.
