A dos meses de que se puso en operación el nuevo Sistema de Justicia Penal en Morelia y Zitácuaro, el Consejo a cargo elaborará un informe del avance que registra la implementación de éste en los referidos municipios michoacanos.
Lo anterior, a propuesta presentada por el diputado Olivio López Mújica, presidente de la Comisión de Gobernación de la LXXII Legislatura, durante la quincuagésima séptima sesión ordinaria del Consejo para el NSJP en Michoacán, en la que en su calidad de integrante, se refirió a la importancia que reviste contar con indicadores sobre los avances que tiene este sistema en Michoacán.
De la misma manera, solicitó que se presente un informe sobre el procedimiento que se sigue para la próxima puesta en marcha del nuevo sistema penal acusatorio en los municipios de Zamora, Uruapan, Apatzingán y Lázaro Cárdenas, a partir del mes de agosto.
El legislador anotó que con la aplicación de un nuevo modelo de impartición de justicia penal en Michoacán, ésta será pronta, expedita y gratuita en beneficio de las y los michoacanos.
“El Nuevo Sistema de Justicia Penal implica cumplir con lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el tema de administración de justicia. Jurídicamente, es un nuevo modelo de impartición de justicia penal”, agregó.
El diputado López Mújica y el también legislador del PRI, Rigel Macías Hernández asistieron a la sesión ordinaria efectuada este lunes, en la que se presentó el Informe Mensual de la Secretaría Ejecutiva del Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal de Michoacán.
En su oportunidad, Macías Hernández dio a conocer que en el Congreso del Estado se encuentran listas para su dictaminación y posterior presentación al Pleno, dos iniciativas, una para reformar el Código de Procedimientos Civiles del Estado en el tema de la notificación; y la otra, de Ley de Firma Electrónica Certificada para el Estado de Michoacán.
De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa de Ley de Firma Electrónica Certificada del Estado de Michoacán, el objetivo es impulsar una cultura en el uso de los medios electrónicos, y asignarle la misma validez legal a aquellos documentos que se expidan o sean emitidos con el uso de firma electrónica certificada, que la que tienen aquellos documentos autorizados con la firma autógrafa de su emisor; y por consecuencia, que sean válida y legalmente aceptados por los entes públicos.
La implementación tendrá como finalidad contar un eficiente sistema innovador de tecnologías, así como la estandarización de procesos, la generación de metodologías, la interoperabilidad de sistemas y la consolidación de los órganos operativos, elementos indispensables para lograr simplificar el cumplimiento de las disposiciones administrativas y particularmente las de naturaleza fiscal y así fortalecer los procesos recaudatorios.
En tanto, la reforma al Código de Procedimientos Civiles del Estado comprende los aspectos: introducción de las notificaciones vía electrónica, y la supresión de trámites innecesarios y cambios en la redacción de algunos artículos para actualizar su contenido.
Se busca dar agilidad en las comunicaciones procesales, certeza y seguridad jurídica en las notificaciones y por otra parte, ahorro de papelería, de tiempo, traslados innecesarios de funcionarios judiciales, y de las partes mismas.
