Durante la jornada electoral, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) desplegará a un mayor número de agentes en Michoacán y Guerrero para atender posibles acciones contra la instalación de las casillas electorales.
“Durante el día de la elección estarán disponibles todos los agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República (PGR)”, afirmó Santiago Nieto, titular de la Fepade.
Movimientos sociales y magisteriales en ambas entidades han advertido que no permitirán que se realicen las votaciones en distintas regiones.
También se han hecho estas advertencias en Oaxaca, donde las casillas no podrán ser instaladas en escuelas públicas.
La reforma electoral de 2014 creó la nueva Ley de Delitos Electorales, en la que se castiga la compra de votos, la presión o inducción a electores, recoger credenciales para votar o el condicionamiento de programas sociales.
Los nuevos tipos penales permiten castigar operativos de compra de votos a cambio de beneficios económicos, como las tarjetas Soriana que se repartieron en 2012.
También la intervención de funcionarios públicos para orientar o condicionar el voto, como la del magistrado jalisciense, Leonel Sandoval, quien instruyó en grabaciones a operadores priístas y funcionarios públicos a trabajar a favor del candidato del tricolor a la alcaldía de Guadalajara.
El fiscal electoral no quiso, sin embargo, pronunciarse sobre ningún caso en concreto. Nieto reconoció que los tiempos de los procesos penales electorales no son tan expeditos como los administrativos electorales.
