En la 62 sesión ordinaria del Consejo para la implementación, seguimiento y evaluación del nuevo sistema de justicia penal en Michoacán aprobó la propuesta de presentar Iniciativa con carácter de decreto a fin de que se declare el “2016 Año de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral” para que en todos los documentos oficiales se inscriba esta leyenda.
Asimismo se aprobó el Acuerdo mediante el cual se establece que las instituciones operadoras hagan un uso adecuado y completo de los Sistemas Informáticos de gestión, ya que éstos tienen por objeto agilizar la comunicación entre los operadores del sistema de justicia penal tanto al interior como al exterior de las instituciones; así como realizar conversatorios entre las instituciones operadoras y lograr acuerdos que perfeccionen el servicio brindado a la ciudadanía.
Al inicio de la sesión rindieron protesta como integrantes del Consejo el Secretario de Gobierno, Adrián López Solís, Procurador General de Justicia del Estado, José Martín Godoy Castro, José Antonio Bernal Bustamante, Consejero Jurídico, Sergio Mecino Morales y el Consejero del Poder Judicial, Armando Pérez Gálvez.
En otro punto del orden del día se rindieron los informes sobre el avance en la implementación de cada una de las instituciones operadoras -Poder Judicial, Procuraduría General de Justicia, Defensoría Pública y Secretaría de Seguridad Pública-, y el estado que guarda el Fideicomiso del Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas.
Al término de la sesión, el presidente del órgano implementador, Juan Antonio Magaña de la Mora, manifestó se están haciendo los trámites correspondientes para que las instituciones operadoras puedan acceder al Fideicomiso del Sistema de Justicia Penal en las entidades Federativas para lo cual se han presentado diez proyectos ejecutivos que contemplan, entre otras acciones, la construcción de las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Instituto de la Defensoría Pública (IDP), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en la región Uruapan; y, la Construcción de instalaciones de la PGJE, IDP, y SSP en la región de Lázaro Cárdenas.
Por su parte el Secretario Ejecutivo, Jesús Sierra Arias, presentó el informe de las actividades realizadas del 13 de agosto al 18 de noviembre, en el cual manifiesta que a la fecha se han realizado 156 cursos de capacitación dirigidos a los operadores del nuevo sistema -agentes del Ministerio Público, policías preventivos, policías de investigación, policía procesal, mediadores/ conciliadores, abogados postulantes, asesores jurídicos de víctimas, personal de medidas cautelares, peritos y periodistas-.
De igual forma en el eje de capacitación, informó que de acuerdo a las necesidades presentadas por las instituciones, se han previsto para 2016 realizar un total de 207 cursos para operadores de las instituciones involucradas, distribuidos de la siguiente manera: PGJE, 87; Defensoría Pública, 10; Poder Judicial, 6; Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas, 8; y, SSP, 96.
En relación al eje de Tecnologías de la Información, Sierra Arias manifestó que se continúan entregando equipo de cómputo y se han llevado a cabo reuniones con los enlaces para establecer las necesidades a presentarse ante la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación de la Reforma Penal (SETEC) 2016.
En cuanto al eje de infraestructura se ha continuado con la entrega de bienes muebles a la PGJE con la finalidad de dotar a los operadores del mobiliario necesario para el correcto funcionamiento del Nuevo sistema de justicia penal.
Asimismo informó, en el eje de Difusión, que el pasado 30 de octubre concluyó la Campaña publicitaria “Lo justo es”, y que se continua con diversas actividades como: entrega de material publicitario, ruedas de prensa mensuales, reuniones de enlaces, Programa “Lo justo es cambiar” y difusión de los eventos organizados por la Secretaría Ejecutiva.
Además, el Secretario Ejecutivo, también dio cuenta de las necesidades expresadas por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas que incluye equipo de oficina, -cómputo y mobiliario-, médico y vehículos.
