La Ley de creación del Instituto para Personas con Discapacidad en Michoacán no puede aprobarse, ni publicarse sin antes someterla a consulta ciudadana, aseguró el titular de la dirección para Personas con Discapacidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Adalberto Méndez López.
La recomendación del funcionario nace de la experiencia vivida tras la publicación de la Ley General sobre Autismo y la Ley Estatal sobre Autismo del Estado de México, que fueron declaradas anticonstitucionales por no haber sido consultadas, o por haber sido dirigida la consulta, refirió Méndez López.
Con palabras contundentes reiteró que la consulta pública de la iniciativa de ley no es opcional, “debe ser consultada, esto no es opcional”.
Como parte de las observaciones puntuales hechas por el enviado de la CNDH se preciso:
El reglamento de operación del instituto debe salir casi completo a la par que la Ley y la fundación de la dependencia.
La participación de la sociedad civil debe ser obligatoria, en particular con personas con discapacidad.
Si el gobernador es el único facultado para elegir al director de la institución, debe buscarse un mecanismo que integre a la sociedad civil, de tal modo que la sociedad civil pueda ser el ente que elija una terna que se lleve al Ejecutivo Estatal.
El director de la dependencia debe tener al menos la licenciatura, mejor si no es médico, académico probo y con reconocimiento social.
Que la Ley ejecute un Sistema Estatal para Personas con Discapacidad capaz de regular y vigilar la aplicación de la ley y el funcionamiento del citado instituto.
Que el Consejo de Gobierno de la enunciada institución sesione con al menos un miembro de la sociedad civil, no solo se sujete al 50 más uno.
Se esclaresca como se hara el proceso de elección de los consejeros de la sociedad civil y el sector académico.
Y, finalmente, preveer que el nuevo organismo no desobliga al gobierno estatal a cumplir con sus funciones de protección a este sector, si no que este es un eje rector de las políticas públicas dirigidas a este sector.
Como parte de la sesión intervino la sociedad civil, siendo Florencio Ubaldo Muñoz, quién recordó a los legisladores asistentes, de la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social, que a la comunidad discapacitada se le deben poco más de 2 mil empleos en las dependencias estatales y municipales, de los cuales 30 son justamente al interior del Congreso Local.
