Las modificaciones al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud en su artículo 474 realizadas en 2009, establecen que es facultad del Poder Judicial de Michoacán, así como de todas las judicaturas estatales y del Distrito Federal, atender y juzgar los asuntos de narcomenudeo, que antes pertenecían únicamente al fuero federal.
Si bien hoy vence el plazo para realizar las modificaciones a las normas en los estados y el Distrito Federal, la competencia de narcomenudeo para la judicatura michoacana está vigente desde el día posterior a la publicación de la reforma federal en el Diario Oficial de la Federación, es decir, desde el 21 de agosto de 2009.
Efectivamente, en la reforma se establece que los estados tienen tres años de plazo para realizar las acciones necesarias tendientes a las nuevas atribuciones, sin embargo como se trata de un derecho sustantivo (cuando en la Ley en cuestión, en este caso la Ley General de Salud, se determina el delito, las penas y las medidas de seguridad que se deben aplicar a quienes los cometen), la entrada en vigor es a partir de su publicación.
En entrevista, Armando Pérez Gálvez, magistrado de la tercera sala penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), explicó que la determinación de que la competencia estaba en vigor desde el 21 de agosto de 2009, se dio luego de que en septiembre de 2011 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre dos tribunales colegiados de circuito en el país.
“Esta instancia estableció que, por disposición en los artículos transitorios, los tribunales del fuero común ya deben conocer de este tipo de delito y juzgarlo –o llevarlo a cabo en cuanto a su procedimiento- de acuerdo al Código de Procedimientos Penales de cada entidad federativa”, abundó.
Con base en lo anterior, cuando se suscitó un conflicto negativo de competencia entre un juzgado de distrito y uno del fuero común, en Michoacán, ante el pleno del STJE, el magistrado penal presentó una ponencia en la cual sostenía que la judicatura estatal (ya) era competente en materia de narcomenudeo. Así, el 3 de enero de 2012 el máximo tribunal de estado aprobó la ponencia presentada por Pérez Gálvez. A la fecha, jueces y juezas estatales han sido capacitados en la materia.
Bajo esta nueva competencia del fuero común, las personas farmacodependientes serán consideradas como “enfermas” cuando porten pequeñas dosis y no como delincuentes, en ese contexto será la Procuraduría General de Justicia del Estado quien investigue el caso.
Cuando alguna persona porte más de la cantidad considerada como narcomenudeo, (es decir, el mínimo x 1,000) será la Procuraduría General de la República la que dé seguimiento al delito. Asimismo, existe una excepción para que el delito de narcomenudeo sea juzgado por un tribunal local: cuando el Ministerio Público de la Federación sea el que conozca del caso de primera mano, “si es un caso conocido primero por un fiscal federal no importa la cantidad de fármacos encontrados, el delito será llevado por la Federación”, detalló el magistrado Armando Pérez Gálvez.
También es importante señalar que en el artículo 480 de la Ley General de Salud se establece que los procedimientos penales y la ejecución de sanciones se regirán de acuerdo al Código de Procedimientos Penales de cada estado; sin embargo, en cuanto al destino y destrucción del narcótico, el procedimiento se llevará conforme al Código Federal de Procedimientos Penales.
Ante estas nuevas atribuciones del Poder Judicial de Michoacán, Armando Pérez Gálvez resaltó la necesidad de contar con presupuesto para dar solución, de mejor manera, a los requerimientos de infraestructura y capacitación permanente. Se cuenta ya con el plan de construir tres juzgados de primera instancia en materia de narcomenudeo, “para ello hemos solicitado una ampliación presupuestal y estamos a la espera de una respuesta”.
Cabe señalar que el primer caso de narcomenudeo juzgado en Michoacán lo llevó la jueza segunda penal de Uruapan, Clara Estela Cortés García, quien expresó “cuando recibí el caso no dudé en llevarlo, no se trataba de si quería o no atenderlo, es un mandato legal y de nuestra competencia”.
Cortés García considera que esta nueva función del fueron común tiene entre sus objetivos definir cuáles son casos de narcomenudeo y cuáles son de delincuencia organizada, así como desahogar la carga de trabajo de la Federación en los tribunales de cada estado, “desde luego, nuestra competencia es ahora más amplia y tenemos la misma capacidad que los juzgados de distrito para atender casos de este tipo”.
Así, el Poder Judicial de Michoacán responde a las reformas legales que le atribuyen nuevas competencias, como el narcomenudeo.
