En sus cinco años de vida el Tribunal Contencioso de lo administrativo del estado de Michoacán ha recibido cerca de 2 mil demandas contra la administración estatal y municipal, indicó Sergio Flores presidente del organismo jurisdiccional. “En los cinco años tenemos instalados dos mil presentadas en el Tribunal en este tiempo, las causas por las cuales se ha llegado a las demanda”, subrayó.
Informó que un 60 por ciento de las resoluciones favorece a los particulares, “tenemos un porcentaje en estadística de arriba de un 60 por ciento favorables a particulares, y el contrapunto donde se reconocen la legalidad de los actos de administración”, comentó al precisar que cuando se demanda la autoridad se tiene que sustanciar un procedimiento donde hay pruebas fundadas que permite analizar si efectivamente existe una lesión al particular.
El funcionario recordó que esta área tiene como finalidad atender aquellas demandas contra de la administración publica estatal, en donde un particular se sienta afectado o vulnerado, ya sea por una decisión de acuerdo a lo que la ley les permite, por ello se puede solicitar la nulidad de estos actos. Ejemplifico en los casos de pago de predial y pago de servicios.
Sergio Flores magistrado del Tribunal Contencioso de lo Administrativo de Michoacán, destacó las principales causas por las que se demanda a autoridades estatales y municipales, , en materia municipal están impugnadas por las determinaciones del impuesto predial, cobros excesivos de agua potable, y multas de transito, así como el establecimiento de servicios municipales, la clausura de los mismos, en materia de desarrollo urbano las negativas para el fraccionamiento y subdivisiones, en el registro publico de la propiedad cuanto hay negativa para la inscripción del número”, expuso.
Mencionó que razón de número contra quienes se ponen demandas por sus actos son las autoridades municipales, ya que se tienen una cantidad impresionante de la estructura municipal y es grande en consecuencia sus actos administrativos son superiores a comparación del gobierno estatal.