El nombre oficial del plan gubernamental para abatir la hambruna en el país es el de Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SINHAMBRE). En Michoacán se aplicará en siete de sus 113 municipios; mientras que en Oaxaca, en 133 de 570. Si se toma en cuenta el número de ayuntamientos de ambos estados, la distinción es enorme.
La necesidad de una estrategia para aliviar el hambre en México es evidente. Las estadísticas de salud y económicas son claras, no tienen sesgos. Pero el decreto por el que se crea el nuevo plan gubernamental contra la hambruna que azuela al país se sustenta en la Constitución con sus leyes y en los tratados internacionales. Veamos. Evitar el hambre es un deber, una obligación constitucional del Estado. Por supuesto, comer es el derecho de toda persona a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual nuestro país forma parte desde 1981, reconoce el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, establece en la Observación General Número 12 que el derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla.
El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del que nuestro país es parte desde 1995, instituye que toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que el derecho a la alimentación es indispensable para asegurar el acceso a una vida digna y para ello, no solo se debe atender a la entrega de alimentos, sino que es necesario valorar su accesibilidad, disponibilidad y sostenibilidad, con objeto de determinar si cumple los requerimientos básicos.
Desde el 16 de octubre de 1945, México suscribió la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, por virtud de la cual las naciones se comprometieron a promover el bienestar común, con el fin de elevar los niveles de nutrición y las normas de vida de los pueblos bajo su respectiva jurisdicción, así como lograr una mayor eficiencia en la producción y distribución de los productos alimenticios y agrícolas.
La Ley General de Desarrollo Social establece que la Política Nacional de Desarrollo Social tiene, entre otros objetivos, el de propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales o colectivos, garantizando el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades. Entre tales derechos se encuentra el de la alimentación.
El Sistema Nacional de Desarrollo Social es un mecanismo permanente de concurrencia, colaboración, coordinación y concertación del Gobierno Federal, de las entidades federativas, de los municipios y de los sectores social y privado, que tiene por objeto integrar su participación en el cumplimiento de los objetivos, estrategias y prioridades de la Política Nacional de Desarrollo Social, así como fomentar la participación de las personas, familias y organizaciones en el desarrollo social.
La coordinación del Sistema Nacional de Desarrollo Social corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social con la concurrencia de las dependencias, entidades y organismos federales, de los gobiernos municipales y de las entidades federativas, así como de las agrupaciones civiles y sociales, para lo cual coordinará y promoverá la celebración de convenios y acuerdos de desarrollo social.
De acuerdo con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el Estado debe establecer las medidas para procurar el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos a la población, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y dando prioridad a la producción nacional, con objeto de contribuir a la seguridad alimentaria.
El Estado mexicano ha desplegado en años anteriores recursos cuantiosos para atender la problemática alimentaria del país, sin embargo ha persistido una alta incidencia de personas que experimentan situaciones de hambre, lo que en la práctica impide el acceso generalizado a los derechos sociales y a la justicia social.
Resulta inaceptable que hoy millones de personas padezcan hambre, reconocen, por lo que es una prioridad de la política social del Gobierno de la República lograr que las familias mexicanas tengan un piso básico de bienestar.
