Las declaraciones patrimoniales de los diputados federales deben ser públicas, bajo el principio de máxima publicidad, y su difusión no puede estar sujeta a que el legislador acepte que los datos sobre su situación económica sean difundidos, señalaron ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Con esto, los magistrados liberan a los informadores del lastre que se cuelgan a los políticos, que aducen que eso, es cosa personalísima y casi secreto de seguridad nacional, alegando que los reporteros los exponen con los ladrones que buscan a quien chingar.
El tema llamó la atención de la opinión pública en enero pasado, cuando el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, se negó a que su declaración patrimonial fuera hecha pública, además de que hubo cuestionamientos de algunos sectores respecto de si el propio presidente Enrique Peña Nieto y los miembros de su gabinete declararon.
Además, plantearon la necesidad de que la Suprema Corte convoque a los terceros perjudicados en este amparo en revisión, el cual fue interpuesto por un ciudadano al que la Cámara de Diputados le negó el acceso a las declaraciones patrimoniales de los 500 legisladores, para que expongan ‘‘lo que a su derecho convenga’’, lo que aplazaría varios meses la votación del asunto. La discusión del tema continuará mañana.
