Según informes oficiales, en México 40 por ciento de la población es pobre, con todo y niños.
La cúspide de la pirámide social mexicana está integrada por un millón 340 mil personas de clase alta, 1.7 por ciento del total de los habitantes del país; en tanto que su base está constituida por 66.4 millones de individuos de clase baja, que representan 59.1 por ciento de la población nacional. Este es el resultado de las promesas de los políticos y sus partidos, de la partidocracia democrática neoliberal.
Existe una profunda inequidad social en México, todo mundo lo sabe, menos los condenados de la tierra. Por cada persona de clase alta en el país hay 49 de clase baja. En tanto, 44 millones son de clase media.
El colmo es que en nuestro país laboran 3 millones 136 mil menores y 46 por ciento de ellos no acude a la escuela, lo cual repercute negativamente en el desarrollo personal y emocional de niños y adolescentes y, por supuesto, violenta sus derechos humanos a la educación, salud y bienestar.
Los niños y adolescentes que laboran en nuestro país están expuestos a sufrir accidentes o enfermedades de trabajo, porque se emplean en sitios no apropiados o no permitidos, tales como minas, lugares sin ventilación o luz, alturas, calles o avenidas, bares y cantinas. No es nuevo, todos lo sabemos.
Nada bueno se hace para resolver este acuciante problema. Eso sí, el gobierno federal acaba de crear un comisión intersecretarial para prevenir y erradicar el trabajo infantil. Se llama Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida, y tiene por finalidad emitir recomendaciones para erradicar las peores formas de empleo de menores en México. Sólo eso, recomendaciones. Impunidad total.
En ese contexto se inscribe la iniciativa que el Ejecutivo federal envió al Congreso para reformar el artículo 123 de la Constitución, con la que se pretende elevar de 14 a 15 años la edad mínima para emplearse en el país. Además, se cuenta con un programa para la certificación de centros de trabajo en el medio rural, entre otras bagatelas burocráticas.
La Organización Internacional del Trabajo señaló el 12 de junio como Día Mundial contra el Trabajo Infantil, para poner de relieve la difícil situación de los menores empleados, pero la insensibilidad gubernamental no tiene nombre ni día específico, es cotidiana.
Así es en todo el mundo capitalista. Así ha sido desde la primera revolución industrial, desde la entronización de la burguesía rapaz e insaciable, adicta al dinero fácil y abundante.
Pero todavía sorprende enterarse de que laboran en condiciones de esclavitud casi 11 millones de niños de los países civilizados.
En efecto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) denuncia que 10.5 millones de niños en todo el mundo realizan labores domésticas en hogares de terceros, en condiciones peligrosas o cercanas a la esclavitud.
En sus siempre bien fundamentados informe, la OIT destaca que cerca de 215 millones de menores en el mundo se han incorporado a algún tipo de actividad laboral, muchos a tiempo completo y sin asistir a la escuela ni recibir alimentación ni cuidados apropiados, más de la mitad de ellos en ambientes peligrosos, bajo varias formas de labores forzosas y en actividades ilícitas, como el tráfico de drogas y la prostitución, o reclutados para participar en conflictos armados.
En ocasión del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la OIT publicó un informe sobre las prácticas abusivas de las que son víctimas millones de menores, de los cuales 6.5 millones tienen entre cinco y 15 años, mientras más de 71 por ciento son niñas
