* Se comprometieron a combatir la ineficiencia y abatir los actos de corrupción, sumándose a la iniciativa del gobernador Jesús Reyna García.
Con el propósito de sumarse al llamado del gobernador Jesús Reyna García, para combatir la ineficiencia y abatir los actos de corrupción, consejeros jurídicos de diversas dependencias, encabezados por el titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, Emiliano Martínez Coronel, signaron el Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos para consolidar una administración transparente y eficaz.
El acuerdo fue signado por abogados de la Secretaría de Educación estatal, la Coordinación de Planeación para el Desarrollo del estado, y personal de diversas oficinas y entidades de la Administración Pública estatal.
Martínez Coronel recalcó que para ofrecer un servicio de excelencia con honradez, es necesario hacer un frente común, “se requiere voluntad para ser un buen gobierno; como abogados y servidores públicos tenemos una gran responsabilidad no solo con el estado, sino también con todos michoacanos”, de ahí que dijo, por convicción y congruencia, se sumaron a la firma de dicho Código.
Mientras que Ricardo Flores Navarro, director de Asuntos Jurídicos de la Consejería Jurídica, añadió que la responsabilidad, la honestidad, el respeto y la solidaridad, son algunos de los valores y principios rectores que los funcionarios deben exaltar, además de poseer de manera natural con el fin de realizar el trabajo con verdadera vocación de servicio.
Y es que el pasado domingo, en Palacio de Gobierno el mandatario estatal Jesús Reyna firmó y presentó el Código de Ética y de Conducta de los Servidores Públicos, documento con el cual los signatarios se comprometieron a erradicar la corrupción y el tráfico de influencias para consolidar una administración eficiente y transparente para, con honradez, alcanzar los estándares de calidad que satisfagan los reclamos de la sociedad.
Cabe mencionar que la evaluación y seguimiento del Código será evaluado por la Coordinación de Contraloría del estado, quien a su vez será el organismo encargado de aplicar las responsabilidades correspondientes en caso de incurrir en desaciertos.
