“Michoacán es el ejemplo más visible de la persistente crisis de seguridad pública en el país”, así lo refiere el documento publicado en 2014 por Amnistía Internacional que se denomina “Retos de México en materia de derechos humanos, memorándum de Amnistía Internacional para el presidente de la república Enrique Peña Nieto.
En el documento del organismo internacional se destaca: “No sorprende que el estado de Michoacán sea el ejemplo más visible de la persistente crisis de seguridad pública. El estado, que ha sido testigo del inicio del funesto combate al crimen organizado por parte de las fuerzas militares, ha sufrido años de violencia e inseguridad a manos de bandas criminales, así como de la policía y las fuerzas de seguridad, algunas de las cuales actúan en colusión con dichas bandas”.
También hace referencia a los grupos de autodefensa, mismos que considera parecen ser una respuesta a la negligencia y abuso, “pero ellos mismos ahora ponen a prueba la voluntad del Estado para cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad y derechos humanos”.
Advierte que el desafío de esta administración es reconstruir el tejido social y forjar instituciones en las que pueda confiar la población y que no cometan violaciones de derechos humanos. Sostiene en dicho informe que una cosa es afirmar que los derechos humanos se respetan en el marco de la política de seguridad pública, y otra es asegurar que realmente hay mecanismos creíbles de rendición de cuentas capaces de detectar y mantener estos estándares, incluyendo la prevención y la sanción de cualquier abuso cometido por grupos de autodefensa.
Destaca que no hay evidencia de que el gobierno esté preparado para garantizar que se ponga un alto a las prácticas relacionadas con el gobierno anterior. En otros estados, como Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua y Guerrero, donde la violencia, la inseguridad y las violaciones a derechos humanos son una amenaza diaria para la población local, reciben poca atención de parte de las autoridades responsables o de los medios de comunicación.
Expresa que el gobierno debe asegurarse de que todas las fuerzas policiales y de seguridad, así como grupos de autodefensa, respeten las normas internacionales de derechos humanos sobre el uso de la fuerza y la prohibición de otras violaciones de derechos humanos; “el presidente debe aprovechar toda oportunidad para enviar un fuerte mensaje público estableciendo que los abusos no serán tolerados. Debe instruir que todas las alegaciones de falta de cumplimiento con las normas internacionales sobre el uso de la fuerza o sobre otros derechos humanos sean investigadas de manera inmediata, exhaustiva e imparcial, que los perpetradores sean llevados ante la justicia y que las víctimas reciban reparaciones completas”, dijo. América Juárez Navarro
