Acepta SFP avances en materia de la transparencia y combate a corrupción

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Acepta SFP avances en materia de la transparencia y combate a corrupción

Morelia, Michoacán.- El titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, de la Secretaría de la Función Pública federal, Raúl Sánchez Kobashi, destacó el avance en materia de transparencia y combate a la corrupción que ha tenido el estado de Michoacán, a más de un año de iniciada la administración del gobernador Fausto Vallejo Figueroa.

Durante la Primera Reunión Ordinaria de Contralores estatales de la Región Centro-Pacífico, que en representación del gobierno de Michoacán encabezó el contralor del estado, Carlos Ochoa León, el funcionario federal reconoció el esfuerzo de las autoridades estatales para entregar cuentas claras a los michoacanos.

Como miembro de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación en su región Centro-Pacífico, Michoacán albergó a los contralores de los estados de México, Guerrero, Querétaro, Morelos y del Distrito Federal, para llevar a cabo esta sesión de trabajo donde el tema principal fue la Transparencia en la gestión pública.

En este contexto, el coordinador de la Contraloría estatal, Carlos Ochoa, afirmó que la transparencia, no es solo un concepto de esta nueva etapa en la democracia, es una actitud obligada del gobierno que se sustenta en la libertad de expresión y en el derecho a la información.

Asimismo, mencionó que la transparencia tiene dos vertientes fundamentales: por un lado, establece la obligación de los responsables de las instituciones que legítimamente ejercen el poder, ya sea Ejecutivo, Legislativo o Judicial, a informar periódica y sistemáticamente, respecto del estado de sus diferentes órganos, de las tareas a su cargo y de las gestiones que realizan. Y por otro lado, los individuos y la sociedad organizada en sus múltiples formas, que demandan información.

Ochoa León anunció que una de las líneas de trabajo del estado de Michoacán, consistirá en promover la firma de convenios anticorrupción con la Iniciativa Privada a nivel nacional.

De la misma manera, el contralor general del estado de Guerrero y coordinador de la región, Julio César Hernández Martínez, reconoció el esfuerzo de las autoridades estatales reunidas en materia de transparencia, pero también insistió en redoblar las acciones en aras de entregar cuentas más sanas y transparentes a la ciudadanía.

Por otro lado y como parte de los trabajos, los contralores estatales presenciaron la ponencia de “Transparencia y Acceso a la Información” a cargo de Irma Nora Valencia Vargas, consejera del Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública de Michoacán, quien reiteró que la rendición de cuentas es una obligación ineludible por parte del servidor público y en respuesta a la demanda ciudadana de información veraz y oportuna.

Una vez finalizada la intervención de la consejera de ITAIMICH, la mesa de trabajo continuó con la exposición de las líneas de acción de cada uno de los estados presentes: Transparencia focalizada (Distrito Federal), Integridad institucional (Guerrero), Indicadores de transparencia y acceso a la información (edo. de México), Rediseño del portal web de la región (Querétaro).

También se dio a conocer que el estado de Morelos albergará el 8º Concurso “Transparencia en corto”, dirigido a jóvenes de 16 a 25 años, y en el que se comprometió el apoyo del gobierno de Michoacán a través de los distintos foros culturales, como el Festival de Cine de Morelia.

Es importante recordar que la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCE-F), es un medio de vinculación institucional entre los órganos de control del gobierno federal y los gobiernos estatales y del Distrito Federal, dentro del Sistema Nacional de Control y Evaluación de la Gestión Pública.

Su objetivo primordial es promover la modernización de los esquemas, instrumentos, mecanismos de control, verificación y evaluación de la Gestión Pública y el desarrollo de la Administración Pública, así como el ejercicio de una permanente y eficaz vigilancia en el manejo y aplicación de los recursos públicos convenidos, con criterios de probidad, transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía, así como la homologación en los criterios de imposición de sanciones a los servidores públicos que incurran en responsabilidades.

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