Continuando con los trabajos para establecer la ruta idónea que permita la implementación exitosa del modelo acusatorio en Michoacán, el Consejo para el nuevo sistema de justicia penal aprobó durante su vigésimo novena sesión una serie de propuestas que permitirán labores coordinadas y eficientes.
Tras refrendarse el acuerdo tomado durante la cuarta sesión extraordinaria del órgano implementador, el pasado martes, por el cual se determinó, por mayoría de votos, que sean los consejeros diputados quienes presenten al Congreso del Estado la propuesta de modificación de régimen de vigencia del Nuevo sistema de justicia penal en nuestro Estado, se definieron ciertas acciones que buscan hacer más eficaces los esfuerzos hacia la implementación de la reforma en materia penal.
El primer acuerdo refiere a la remisión a la Secretaría ejecutiva del Consejo, de los diagnósticos realizados en la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, la Defensoría Pública y el Poder Judicial sobre los avances para la implementación de la reforma penal y la inversión necesaria para 2013, para su sistematización.
Ello permitirá determinar los recursos necesarios, tanto humanos como financieros, que habrán de poner en operación el Nuevo sistema de justicia penal, para así ser considerados en el presupuesto estatal del ejercicio 2013. Asimismo, esta información servirá para el diseño de los proyectos para el subsidio federal de Setec para el próximo año.
El acuerdo tiene por límite el próximo jueves 20 de diciembre, fecha en que las instituciones operadoras habrán de haber enviado a la Secretaría ejecutiva del Consejo sus respectivas proyecciones de necesidades, para ser luego remitidas -esta misma semana- al Congreso del Estado, donde serán consideradas en la confección del presupuesto del próximo año con miras a la implementación del sistema acusatorio adversarial. En este mismo punto y para un adecuado diagnóstico en materia de recursos humanos, el consejero diputado Sebastián Naranjo Blanco solicitó la ampliación del Comité de Capacitación, de manera que se integre un representante de la Secretaría de Seguridad Pública así como que se designe a la brevedad al representante de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Otra de las propuestas aprobadas fue la creación de un área dedicada a la implementación de la reforma penal en cada una de las instituciones vinculadas (Procuraduría General de Justicia del Estado, Secretaría de Seguridad Pública, Defensoría Pública y Poder Judicial), lo que permitirá mantener una coordinación permanente con las demás dependencias y con la propia Secretaría ejecutiva de este Consejo.
Las instituciones que operarán el nuevo sistema requieren de una profunda transformación, que implica la reingeniería de su planeación, organización interna y modelos de gestión, así como de sus procesos de reclutamiento, selección y capacitación de personal; además de que necesitan contar tanto con una infraestructura acorde a los principios del nuevo sistema, como con las tecnologías de comunicación e información que permitan una adecuada, eficiente y eficaz coordinación entre todos los servidores públicos involucrados en el proceso penal.
Esta propuesta, presentada con total respeto a la autonomía e independencia de cada institución, considera que estas áreas deben estar integradas por personal que tenga el conocimiento, competencias y, preferentemente, experiencia en la reforma penal. Por sugerencia del Subprocurador regional de justicia en Morelia, Marco Vinicio Aguilera Garibay, en representación del Procurador General de Justicia del Estado, se aprobó también que la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado cuente con un área de implementación del Nuevo sistema.
En otros asuntos, fue sometida a votación la propuesta para que durante 2013 se mantenga la campaña de difusión del Nuevo sistema de justicia penal dirigida a la ciudadanía, misma que de acuerdo a las fechas originales de entrada en vigor estipuladas por el Código de Procedimientos Penales del Estado, fue diseñada para cumplir con el horizonte temporal del 21 de febrero de 2013. Al respecto, el consejero Eduardo Orihuela Estefan y el representante del Secretario de Gobierno, Rubén Pérez Gallardo, presentaron la propuesta de analizar los montos que se destinarán a dicho eje, luego de sugerir que existen otros que requieren atención prioritaria, como la infraestructura. El acuerdo final comprende la inclusión de la proyección de necesidades de este rubro en el diagnóstico que se hará llegar al Congreso del Estado, de manera que las comisiones legislativas dictaminen el presupuesto viable para ello luego de analizar la totalidad de los rubros.
Cabe señalar que además de refrendarse el acuerdo de que sean los diputados consejeros la vía de remisión al Congreso de la iniciativa de modificación al régimen de vigencia del Nuevo sistema, se sumó la propuesta de que de manera simultánea el pleno del Consejo comunique al presidente de la Mesa directiva de la LXXII Legislatura, Víctor Silva Tejeda, sobre dicho acuerdo tomado el pasado martes durante la cuarta sesión extraordinaria.
Es importante recalcar que dicha propuesta de modificación se ciñe al mandato constitucional del 18 de junio de 2008, que señala un lapso máximo de 8 ocho años para que inicie el Nuevo sistema de justicia penal en todas las entidades y la Federación, término que vence el 18 de junio de 2016.
Estos acuerdos contribuirán a lograr que todas las instituciones involucradas se encuentren listas y en sincronía en todos los ejes de implementación, como recursos humanos, infraestructura, modelo de gestión, tecnologías de la información, normatividad y difusión, para de esta manera hacer realidad el modelo acusatorio en nuestro Estado y así ofrecer un mejor servicio de procuración, impartición y administración de justicia penal a la ciudadanía.
