General Motors aceptó pagar 900 millones de dólares (15 mil millones de pesos) e iniciar un acuerdo de enjuiciamiento diferido para cerrar una investigación criminal en Estados Unidos por la manera como manejó un defecto en el sistema de encendido en muchos de sus vehículos, que está vinculado a 124 muertes. La automotriz admitió que no reveló al regulador estadounidense y al público un defecto de seguridad potencialmente letal en los interruptores de algunos vehículos que permiten el despliegue de los airbags. También admitió haber engañado a los consumidores acerca de la seguridad de los vehículos afectados por el problema.
