Quienes participaron en la quema de vehículos, podrían alcanzar hasta 6 años de cárcel lo que no daría oportunidad a los involucrados de alcanzar fianza, “el delito de motín establece una pena de 2 a 6 años y de 100 a 500 días de salario como una multa, ya el juez determina los parámetros a aplicar y el robo de uso tiene una penalidad de 3 días a 3 años y obviamente la reparación del daño”, ah, pero…una cosa es una cosa y la otra es probarles el asunto..
Hasta seis años podrían alcanzar los 49 normalistas acusados de robo de uso y motín, así se determinó por la magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, María de los Ángeles Ruciles Gracián, misma que ratificó el auto de formal prisión que fuera emitido por el juez sexto penal de Morelia, Arnulfo López Delgado el pasado 29 de octubre del 2012.
“Respecto al delito de motín el Tribunal de Apelación del Juez ratificando la formal prisión de los 49 procesados por el delito de robo de uso, se acreditó dicho ilícito sobre cuatro unidades vehiculares , en las 17 restantes se consideraron insuficientes las pruebas”, informó, María de la Soledad López, secretaria de Acuerdos del Poder Judicial en Michoacán.
En ese sentido aclaró que los procesados tendrán la posibilidad de acceder al amparo de la justicia federal para ello pueden hacer uso de 15 días hábiles para recurrir a este recurso.
En caso de recurrir ante órganos federales será un juez de distrito el que determinará su procedencia de esta solicitud si los jóvenes decidieran acudir a esta instancia.
Sin embargo ante la falta de pruebas para procesar delitos de sedición de uso por estas 17 unidades y daño en las cosas por incendio, se determinó absolverlos de estos delitos.
Tras la determinación los inculpados podrán enfrentar su juicio como lo han hecho hasta el momento en libertad provisional, es decir bajo fianza.
Las únicas responsabilidades por las que el Poder Judicial emite este resolutivo es por el robo de uso y motín de las cuatro unidades vehiculares, sin embargo existe la posibilidad de que el Ministerio Público reúna más pruebas para acreditar delitos en los 17 unidades vehiculares más.
