En reunión de trabajo, los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, Nayelli Julieta Pedraza Huerta, Andrea Villanueva Cano y Raymundo Arreola Ortega, analizaron el Informe de Actividades, presentado por el Presidente de la Comisión Estatal de derechos Humanos (CEDH), José María Cázares Solórzano.
En ese sentido, integrantes de la Comisión Legislativa acordaron llamar a comparecer al Presidente del organismo estatal autónomo, a efecto de ampliar los datos contenidos en el Informe Anual de Labores 2015, acerca de su actuación en materia de observancia, protección, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos previstos por el orden jurídico estatal.
Al respecto, la presidenta de la misma, Nalleli Julieta Pedraza Huerta, subrayó que una vez que se efectúe la reunión, la Comisión emitirá un dictamen con relación al informe anual de actividades, el cual se turnará al pleno del Congreso para su aprobación.
La legisladora agregó, que siendo la seguridad y la protección de los derechos humanos uno de los temas que más preocupan a los michoacanos, el Informe no contiene ninguna mención acerca de su actuación en hechos de relevancia, como el caso de los niños asilados en los albergues La Gran Familia, dirigidos por Rosa Verduzco; de su posición en el tema de las autodefensas; de los hechos ocurridos en Tanhuato; y de manera general, sobre la situación de los derechos humanos en la zona de tierra caliente y otras áreas de conflicto en el estado de Michoacán..
Asimismo, manifestó que siendo las recomendaciones el instrumento por medio del cual la CEDH expresa su convicción con relación a las violaciones a los derechos humanos, se deben abordar de manera detallada.
Por su parte, la diputada Andrea Villanueva Cano, destacó que cada una de las 169 recomendaciones emitidas por la CEDH, tuvo un costo de 230 mil 768 pesos, en correspondencia al presupuesto anual asignado al organismo, por lo que consideró necesario que se brinde mayor información con relación a las recomendaciones emitidas a los servidores públicos.
De igual forma, añadió que un 66 por ciento del presupuesto total se destinó al pago de nóminas, y un 34 por ciento a gastos de operación, generando dudas acerca del costo de algunos programas que se llevaron a cabo en materia de protección y defensa de los derechos humanos.
Agregando, que solicitarán se amplié la información del trabajo realizado por la visitadurías de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Morelia, Uruapan, Zamora y Zitácuaro.
En otro punto, los legisladores abordaron el análisis e investigación de los ordenamientos jurídicos de Michoacán en los cuales se utiliza una expresión discriminatoria para referirse a las personas con discapacidad.
