El auto de formal prisión dictado este miércoles en contra del líder comunitario de Aquila, Cemeí Verdía Zepeda, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, fue apelado por el defensor, Ignacio Mendoza Jiménez, quien exigió al procurador general de Justicia del estado, José Martín Godoy Castro, que saque las manos del caso Cemeí y permita que las autoridades jurisdiccionales actúen con autonomía y apego a derecho, “se nota claramente la mano de los intereses políticos en la resolución que acaba de emitir el juez y lo que nosotros exigimos como defensa es que dejen que el asunto se lleve eminentemente conforme a derecho”, resaltó después de la duplicidad del plazo constitucional.
Solicitada por la defensa, el juez dictó auto de formal prisión, lo que significa que encontró elementos “suficientes” para continuar con el proceso en todas sus etapas, después de que se diera a conocer el resolutivo del juez primero de lo penal del Distrito Judicial de Morelia, Ignacio Mendoza, abogado de Cemeí Verdía, apuntó que ya esperaban la formal prisión, puesto que así lo anticipó la noche del pasado viernes al líder comunitario de Aquila, el mismo procurador general de Justicia del estado, José Martín Godoy Castro, “nosotros no entendemos por qué el procurador se adelantó a una resolución que se supone es de un juez autónomo, ahí vemos claramente cómo hay una obsesión.
Del gobierno michoacano por mantener a Cemeí en prisión”. Consideró además que la visita de Godoy Castro a Cemeí, dentro del Centro de Reinserción Social “David Franco Rodríguez” donde se encuentra recluido, toma tintes políticos más que de procuración de justicia, “no se entiende que primero le fincan responsabilidad y luego va quien lo está persiguiendo, que es la Procuraduría, a pedirle que les ayude a destrabar el conflicto que hay en Aquila, entonces ya no estamos hablando eminentemente de un asunto de justicia, estamos hablando de un asunto en el que se cruzan la justicia, el derecho y la política”, exclamó, para luego exigir que se deje de “presionar” a los órganos jurisdiccionales en la toma de determinaciones.
