La Ley Federal de Derechos de Autor aprobada a finales de junio, con 99 votos positivos, 3 negativos y la ausencia de abstenciones, incluye una serie de reformas que podría cambiar la forma de publicar y consumir contenidos en internet hasta ahora existente. Su aplicación estricta podría llevar a situaciones extremas en las que se penalizase el uso de elementos tan cotidianos como los populares memes o creaciones con una finalizad humorística y satírica, pero también protegerán a los creadores y distribuidores, al evitar el tráfico de obras sujetas a derechos de propiedad intelectual sin su consentimiento. La reforma fue aprobada en el Senado.
No solo afectaría estrictamente a las obras en sí, sino que también se aplicaría a la licencia de propiedad intelectual para productos derivados de obras protegidas. Es muy frecuente que grandes franquicias cinematográficas y televisivas cedan los derechos para crear otros productos, como comics, videojuegos o máquinas tragamonedas, siendo precisamente estas últimas uno de los productos estrella de casinos en línea como Betway. Destaca el caso de Juego de Tronos, una de las más populares, que ha generado un sinfín de clones que aprovechan su apartado artístico.
El punto clave de las reformas en cuestión es el establecimiento de lo que se conoce como “notificación y retirada”, una herramienta que otros países aplican desde hace ya tiempo. Su funcionamiento es simple: el afectado por uso o distribución irregular de su trabajo pondría en conocimiento de las autoridades competentes que se está cometiendo una infracción de sus derechos como autor. De esta manera, el contenido se bloquea o retira inmediatamente sin que la demanda del presunto perjudicado tenga que discurrir por los entramados burocráticos del sistema legal.
Es cierto que se pueden dar casos controvertidos, que ya han despertado las críticas de muchos internautas. Por ejemplo, existen numerosas páginas web que ofrecen el acceso a contenidos de difícil acceso desde México, como libros y series europeas o mangas japoneses que no cuentan con reediciones disponibles, pero desde el legislativo se asegura que la medida se centrará en la protección y no en la censura, y que los casos anteriormente descritos deberían ser marginales.
También se incluyen en estas reformas una serie de restricciones a la modificación, reparación o alteración de equipos electrónicos, más conocidas como “candados digitales”, para proteger su autenticidad. La medida supondría que celulares, computadoras y software tendrían que ser reparados o modificados únicamente por los proveedores oficiales o por las empresas autorizadas por los mismos. Si esta medida supone un perjuicio para los usuarios, al restringir la competencia de una industria de reparación que compite con los canales oficiales y la confianza que estos ofrecen con precios más competitivos, es algo que se tendrá que dilucidar conforme estas reformas se apliquen de forma más extensiva.
Otro de los motivos que ha llevado a la Cámara de Diputados a agilizar la aprobación de estas reformas es el reciente acuerdo entre México, Canadá y Estados Unidos conocido como T-MEC, cuyo objetivo es homogeneizar el marco legal entre estos tres países, algo que en la práctica se traduce en una adecuación de la legislación mexicana a la de sus vecinos del norte. También se armoniza esta con el WPPT (Tratado sobre la Interpretación o Ejecución y Fonogramas de la Organización Mundial de la P.I.), el TIPAT (Tratado Integral y Progresista de la A.T) y el Tratado de Marrakech para Facilitar Mejorar el Acceso de las Personas Ciegas a las Obras Publicadas.
Con todas estas medidas, el objetivo final es que la innovación tecnológica y la creación artística no se vea lastrada por malas prácticas que priven a los creadores de una remuneración justa por su trabajo y que las empresas del sector puedan encontrar en el territorio nacional un espacio de rentabilidad que redunde en la potenciación de una industria con capacidad para generar miles de puestos de trabajo, algo que ya se contempla en la reforma del modelo educativo, y contribuir a las arcas públicas con unos impuestos que redunden en el bienestar colectivo de los mexicanos, al tiempo que se reduce el crecimiento de la deuda pública y se aumenta la baja aportación municipal al PIB.