El comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, confirmó que tras el operativo del pasado viernes en Lázaro Cárdenas, Michoacán, la Procuraduría General de la República (PGR) ya ha ejercido acción penal en contra de cuatro personas, entre ellas, José Manuel Mireles Valverde.
El funcionario federal detalló que durante el operativo, realizado por la Policía Federal y fuerzas armadas, se detuvo a 83 personas, entre ellas el Doctor Mireles, quien junto con Javier Reyes Magaña, Salvador Mendoza García y Gerardo López, ya enfrentan acciones penales”, “por su probable responsabilidad penal en la comisión de los delitos de Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos agravada, así como el delito de Contra la Salud en su modalidad de Posesión simple de sustancias prohibidas”.
“Mireles fue detenido cuando salía de un restaurante, en compañía de tres personas, quienes aseguró, eran sus escoltas personales”, dijo Castillo Cervantes.
“Cada uno de los escoltas portaba un arma de fuego larga y un arma de fuego corta, de uso exclusivo del Ejército”.
Asimismo, dio a conocer que en el vehículo en el que viajaba Mireles y sus escoltas, fue encontrado “armamento variado, 4 bolsas con mariguana, 1 bolsa con cocaína y $30 mil pesos en efectivo”.
El Comisionado agregó que “Mireles Valverde fue ingresado a las 12:00 horas de ayer, 29 de junio, al Centro Federal de Readaptación Social #11 con sede en Sonora”.
Mientras que otros cinco detenidos, al ser menores de edad, fueron entregados a sus padres y 74 personas más, “fueron detenidas por su relación con un arsenal de armas de fuego asegurado también durante el operativo”.
“Estas personas fueron consignadas ante órganos jurisdiccionales federales de Distrito e ingresados a los penales de Mil Cumbres y J. Mújica”, detalló.
Bajo este esquema dijo que ya se investiga de si alguno de ellos cuenta con antecedentes penales u orden de aprehensión.
Sin embargo, enfatizó que “ninguna de las armas aseguradas en este operativo cuentan con registro” y como bien se acordó con ellos, “desde el día 10 de mayo no está permitida la movilización de personas civiles armadas así como la portación de armas de grueso calibre”.
