El presidente de la Comisión de Gobernación Olivio López Mújica reiteró que el Congreso del Estado realiza su función legislativa y actúa con responsabilidad institucional al cumplir con las reuniones del Pleno y de comisiones programadas, “estamos siguiendo el curso de nuestro trabajo, respetando y cumpliendo la Ley”.
Destacó que como parte de esa responsabilidad, en la semana que inicia se desahogarán asuntos relevantes, como son las solicitudes de juicio político contra un ex servidor público y dos presidentes municipales.
El legislador aseguró que hay avances en lo que respecta a la designación del presidente municipal de Ocampo, emanado del Partido del Trabajo (PT), por lo que únicamente quedarían pendientes los casos de Chinicuila, Tingüindín, Charo y Numarán, en donde el Partido de la Revolución Democrática (PRD) sigue sin emitir propuestas.
Explicó que el próximo miércoles 6 de mayo se llevará a cabo una reunión de trabajo de mesa técnica de las comisiones unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales, Justicia y Jurisdiccional del Congreso del Estado en la que se elaborarán los proyectos de dictámenes correspondientes relativos a las solicitudes de juicio político presentadas contra servidores públicos.
Recordó que en la última reunión de trabajo de las referidas comisiones, se logró el consenso al encontrarse los elementos de ley, para declarar que ha lugar a iniciar el procedimiento de juicio político al ex consejero presidente del Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información de Michoacán (ITAIMICH) Ricardo Villagómez Villafuerte.
De acuerdo a la ley, el expediente completo deberá turnarse a la Comisión Jurisdiccional, responsable de desahogar el procedimiento respectivo.
De igual forma, las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales determinaron la improcedencia del juicio político, en los casos del presidente municipal y del director de Obras Públicas de Tangancícuaro, así como del presidente municipal de Álvaro Obregón.
Cabe señalar que la fracción XXVI del Artículo 44 de la Constitución Política del Estado establece que son facultades del Congreso: “Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren incurrido en delito en los términos del Artículo 105 de esta Constitución”.
Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos y erigirse en Jurado de Sentencia, para conocer en juicio político de las faltas u omisiones que cometan los servidores públicos y que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, en los términos del Artículo 108 de esta Constitución.
