Con el interés de impulsar en Michoacán disposiciones legales que permitan la creación de instituciones públicas, así como de los procesos legales y administrativos que contribuyan fortalecer la cultura de la legalidad, el diputado Juan Carlos Orihuela Tello, presentó ante el Pleno de la LXXII Legislatura, Iniciativa de Decreto mediante el cual se expide la Ley para Promover Valores Humanos y Cultura de la Legalidad en el Estado de Michoacán.
En la exposición de motivos, el legislador por el distrito XIII de Zitácuaro, manifestó su interés de que se reconozca en la legalidad, un factor que determine la construcción de una sociedad que tenga a los valores humanos y a la legalidad como eje de su convivencia, cuyo fin esencial y último es el bienestar de todos.
Comentó que esta Ley tiene como objeto establecer los criterios, mecanismos e instrumentos de las políticas públicas para promover y fortalecer en el Estado de Michoacán, los valores humanos, cívicos y sociales que con carácter universal, tienden a la mejora del ser humano y de sus sociedades; así como la cultura de la legalidad como factor que robustezca el Estado de Derecho y los principios de justicia y equidad como condiciones fundamentales de la convivencia armónica en una sociedad democrática.
Asimismo, procura que en el Estado se impulse y apoye la participación de las instituciones públicas, privadas y sociales, a fin de que lleven a cabo acciones orientadas a la promoción de una cultura de valores humanos, cívicos y sociales que fortalezcan la convivencia y la solidaridad de sus habitantes.
El Estado también deberá desarrollar políticas públicas para fortalecer a la familia en cuanto célula fundante de la sociedad, estimulando su participación activa como principal entidad formadora de valores en la comunidad.
En el mismo orden de ideas, el parlamentario presentó además una Iniciativa de Decreto mediante el cual se expide la Ley Anticorrupción en Contrataciones Públicas para el Estado de Michoacán de Ocampo.
Dicho proyecto de ley busca fijar responsabilidades y sanciones a personas físicas o morales, de nacionalidad mexicana o extranjera, por actos de corrupción en contrataciones públicas estatales.
Aseguró que ésta contiene mecanismos para reducir sanciones a quienes confiesen su responsabilidad, decidan contribuir y aportar elementos para el combate a la corrupción y cooperen de manera continua con la autoridad competente que lleve a cabo la investigación, con el propósito de fomentar las denuncias y combatir la corrupción.
Que para fortalecer el cumplimiento de dicha Ley, se fortalece a la Coordinación de Contraloría, que en el ámbito de la administración pública estatal tiene la facultad para investigar las contrataciones de entidades y municipios, y será la autoridad que indagará y en su caso, sancionará a los particulares que incurran en infracciones que estipula la norma, además de aquellos que incurran en cohecho, confabulación, simulación, tráfico de influencias y presentación de información falsa durante los procesos de contrataciones públicas.
