“Actualmente en materia de desarrollo social, en la entidad seguimos careciendo de mecanismos suficientes para articular acciones de manera eficaz en los programas que atienden a la población vulnerable sin coacciones, dadivas o presiones políticas” así lo refirió la diputada Laura González Martínez, quien también aseguró que programas sociales se reparten de manera discrecional, sesgada, oscura y sin evaluación.
Después de que fuera aprobada en sesión extraordinaria del pasado sábado en el Congreso del Estado, la Iniciativa que reforma tres apartados de la Ley de Desarrollo Social del Estado, presentada en el mes de marzo por los diputados Laura González Martínez y Jorge Moreno Martínez del blanquiazul; la cual reveló que es tiempo de terminar con la manipulación de los programas sociales, y momento oportuno de impulsar su protección, pues “éstos no pueden ser una moneda de cambio, donde las estrategias electorales estén por encima de la verdadera responsabilidad que tienen los gobiernos con el progreso de las personas en situación vulnerable”, especificó la legisladora.
En este sentido, la Iniciativa reforma el artículo 15 de dicha Ley, en su fracción quinta, cuyo objetivo es promover la conformación y operación de organismos comunitarios para lograr una mayor articulación entre el gobierno municipal de las comunidades o localidades beneficiadas y sus pobladores, “las estrategias locales, que coordinen con mayor eficiencia y eficacia los esfuerzos entre la sociedad civil organizada y las autoridades, apuntarán siempre al desarrollo sustentable” afirmó González Martínez.
De acuerdo a cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el 12.7 por ciento de los michoacanos viven en pobreza extrema, lo que equivale a 551 mil habitantes y el 42.1 por ciento viven en pobreza moderada, lo cual representa a 1 millón 832 mil michoacanos.
Con la finalidad de dar certeza jurídica a los beneficiarios y evitar la discrecionalidad, también se modificó el artículo 25, lo cual obligará al ejecutivo para que cada uno de los programas sociales cuenten con reglas de operación que incluyan los derechos y obligaciones de la población beneficiaria; los mecanismos de certificación de las corresponsabilidades de los beneficiarios; las causales, mecanismos de aplicación para la suspensión temporal y definitiva de los apoyos; los montos de los apoyos económicos de cada componente y mecanismos de entrega; así como las facultades y obligaciones de las dependencias y entidades; entre otros.
Así mismo, se hizo una sustancial adición al artículo 34, donde se especifica que dentro del primer trimestre de cada año se deban publicar, así como también entregar al legislativo, el informe de los resultados de la evaluación de cada uno de los programas sociales estatales. A decir de la ex delegada del programa Oportunidades, con ello se promoverá la transparencia de la información, y se detectará la eficiencia de los programas, para recomendar al gobierno del Estado su desaparición, modificación o fortalecimiento.
“No quiero dejar de señalar que la presente reforma tiene una sola dedicatoria: la ciudadanía y su bienestar. No pretendemos menoscabar la acción de los municipios ni del Ejecutivo Estatal, no limitamos su tarea de crear mejores condiciones de vida para los michoacanos ni buscamos limitarlos en la formulación de nuevas políticas públicas en la materia, sino “democratizar” el desarrollo social”, aseveró.
Finalmente, Laura González aclaró que con la democratización de los programas no se pretende aumentar a los beneficiarios o distribuir mayores recursos, sino impulsar la transparencia, generar condiciones de equidad en el acceso, garantías jurídicas en su creación y la participación social para priorizar las necesidades de los ciudadanos en Michoacán.
