Al menos una veintena de trabajadores del Ejecutivo estatal, quienes fueron contratados por la anterior administración estatal, fueron cesados de los cargos que ostentaban debido a que no presentaron su declaración patrimonial en los tiempos establecidos que marca la ley para cumplir con esta disposición, informó Carlos Ochoa, coordinador de la Contraloría. Indicó que en la mayoría de los casos las bajas corresponden a oficiales del Registro Civil, en este sentido señaló que ya se concluyó con todos los procedimientos de cese que corresponden a esta causa.
El funcionario estatal refirió que los empleados del Ejecutivo que fueron contratados por la actual administración, que están obligados a informar sobre los bienes que poseen, cumplieron con esta disposición administrativa. En noviembre del año pasado, el gobernador Fausto Vallejo advirtió que alrededor de 700 funcionarios estaban en riesgo de perder sus puestos debido a que no habían notificado a la Contraloría el estado de su patrimonio.
En este sentido, Carlos Ochoa explicó que el plazo para determinar cuándo deberían de entregar su declaración patrimonial los nuevos funcionarios corrió a partir de que recibieron su nombramiento, es por esto que tuvieron un desfase de tiempo en comparación con quienes ya se encontraban laborando en el Poder Ejecutivo. Abundó que nuevamente en octubre todos los funcionarios deberán presentar una actualización de su patrimonio
