Comparece Ante Diputados el Titular de la SSP, Carlos Hugo Castellanos Becerra.

Ante los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, José Bertín Cornejo, Olivio López Múgica y César Morales Gaytán, así como integrantes de la LXXII Legislatura, compareció este día el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos Becerra.
Al hacer uso de la palabra, el funcionario estatal refirió que al momento de asumir el cargo como Secretario de Seguridad Pública, en el estado se encontraba activamente presente y de manera predominante un grupo criminal quien tenía el control de varios factores detonantes para la estabilidad y gobernanza de los ciudadanos. Dicho grupo criminal, señaló. se infiltró en las instituciones de Seguridad Pública, entre ellas las policías municipales, la Procuraduría General de Justicia del estado y la Secretaría de Seguridad Pública.
Por lo anterior, destacó el acuerdo de coordinación entre el Ejecutivo Federal y el estado de Michoacán suscrito el pasado 13 de enero con el objeto de establecer las bases para que el Gobierno federal brindara apoyo en materia de seguridad pública a nuestro estado a fin de restablecer la seguridad y el orden público.
De igual forma, el pasado 15 de enero el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto emitió un decreto por el cual se crea la Comisión para la seguridad y Desarrollo Integral para el Estado de Michoacán con el objeto de ejercer la coordinación de todas las autoridades federales para el restablecimiento del orden, la seguridad en el estado y su desarrollo integral bajo un enfoque amplio abarcando aspectos sociales y económicos.
Aunado, dijo, la estrategia que se implementó en la entidad en materia de seguridad pública consistió en recuperar el control territorial que tenía el crimen organizado, para lo cual se determinó enviar al Centro de adiestramiento de la Sedena ubicado en el Estado de Tlaxcala para capacitación y evaluación a policías de 26 municipios.
En virtud de lo anterior, informó, la Secretaría quedó operativamente dividida de manera desconcentrada en seis regiones que comprenden a los 113 municipios del estado. Con dicha regionalización, puntualizó, se establecieron los mecanismos de coordinación que responden en materia más ágil a las necesidades de seguridad para la ciudadanía. “La SSP junto con la PGJE estamos recuperando la confianza social, hoy los ciudadanos saben que estamos luchando con ellos y para ellos”.
Luego de escuchar la estrategia planteada, el diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública, José Bertín Cornejo, conminó al funcionario estatal a seguir actuando con la entereza y fortaleza que ha demostrado hasta hoy y dé buenos resultados a los michoacanos.
El legislador llamó a diseñar una estrategia de manera urgente para combatir los delitos del fuero común, principalmente en la capital michoacana, ya que es algo que lacera y lastima a la sociedad.
Al resaltar que Michoacán necesita de instituciones renovadas, Cornejo Martínez llamó también a respetar los resultados de los exámenes de control y confianza que se realizan y sean parejos con todos. “No queremos ver gente en las fuerzas de seguridad pública con antecedentes penales y de cualquier tipo de asociación delictuoso en el estado”.
Sobre los policías que no acreditaron los exámenes de permanencia en el servicio, Castellanos Becerra puntualizó que el Centro de Control y Confianza no depende de la SSP, que las evaluaciones a los servidores públicas fueron realizadas antes de su nombramiento como titular de la dependencia y los resultados de la evaluación son integrales, es decir, no se obtiene un reporte cuando las personas reprueban una evaluación concreta.
La SSP, explicó, por disposición legal no tiene acceso al expediente de evaluación. Una vez que se notifica a las corporaciones de seguridad sobre la no acreditación de las evaluaciones de algún elemento “estamos obligados por ley a la inmediata separación de su cargo y no se tiene derecho de ser reinstalados. Estas personas, informó, tienen derecho a ser indemnizados con tres meses de su salario y demás prestaciones legales correspondiente. A la fecha dijo, la SSP a indemnizado a 333 personas y sólo ha sido notificada de 74 juicios administrativos en contra de la resolución de la separación del cargo de un total de 583 personas.
Aunado y a fin de otorgar certeza a la sociedad, el funcionario estatal propuso a los integrante de la LXXII Legislatura a legislar para modificar diversas disposiciones del Código Penal del estado y establecer el agravante de delito cuando haya ilícitos cometidos por ex policías y/o ex servidores públicos, para que su conducta siempre sea bajo el marco legal. De igual forma, propuso analizar la Ley de la materia para establecer sanciones por el uso indebido de los sistemas de emergencia. Con ello, apuntó, se pretende regular y sancionar a quien haga mal uso de los números de emergencia.
Sobre lo anterior y al celebrar la estrecha coordinación del Gobierno federal con el estatal y municipal, el diputado Olivio López Múgica, garantizó la revisión de las propuestas de reforma al Código Penal y ver cuáles son viables y factibles para hacerlas propias y darles el procedimiento legislativo que corresponde.
En otro punto, el legislador solicitó al funcionario estatal informara sobre si la Secretaría de Seguridad Pública está en condiciones para entrar en funcionamiento con el Nuevo Sistema de Justicia Penal y así evitar una tercera prorroga. Al respecto, Castellanos Becerra respondió: “sí estamos preparados y listos, tan es así que hoy el Instituto de Formación ha venido capacitando a una serie de servidores públicos donde se les ha dado las destrezas, capacidades y habilidades para realizar el embalaje y formato de cadena de custodia y en su caso el resguardo del mismo”.
Enseguida, al resaltar que aún falta mucho por hacer en la entidad en materia de seguridad pública, el también diputado integrante de la Comisión, César Morales Gaytán, solicitó conocer los avances y metas que se fijan a corto, mediano y largo plazo sobre las figuras de la fuerza rural y ciudadana.
Al respecto, Castellanos Becerra informó que el modelo de fuerza ciudadana es un modelo policial de Seguridad Pública, que compromete a todos los involucrados a hacer la parte que a cada quien le toca, de manera coordinada. Es un modelo que tiene como pilar principal la formación de integrantes de la fuerza pública y que prioriza los principios, valores y virtudes de los elementos.
Todos los integrantes de la Fuerza Ciudadana, garantizó, son personas que acreditaron los exámenes de Control y Confianza, además fueron debidamente capacitados, por lo cual, cuentan con destrezas y competencias para una eficaz labor en el servicio.
En su exposición, el Secretario de Seguridad Pública consideró también oportuno revisar posibles modificaciones a diversas disposiciones del Código Penal para establecer las sanciones al servidor público de una institución de seguridad pública estatal o municipal que dañe, altere, sustraiga, extravié por negligencia o entregue a un tercero, los bienes, equipos y armas de fuego que les hayan asignado para el ejercicio de sus funciones. Con dicha iniciativa, subrayó, se busca impactar el correcto uso del equipo y bienes de los servidores públicos.
De igual forma, para evitar uso indebido de uniformes, vehículos, equipo, insignias, distinciones o condecoraciones a que no se tenga derecho, propuso que el delito sea considerado grave, para evitar clonaciones de uniformes y/o patrullas
y el uso indebido de los logos de las instituciones oficiales.
Así mismo, consideró pertinente realizar el análisis correspondiente para establecer la posibilidad de incorporar las áreas de Protección Civil y bomberos del Estado a la Secretaría de Gobierno. Lo anterior, dijo, para homologarnos con el esquema del Gobierno Federal.
Sobre lo anterior, el diputado Bertín Cornejo Martínez expresó “vamos a revisar y trabajar en estos ordenamientos y juntos alcanzar esa nueva Ley de Seguridad Pública que tanto anhelan los michoacanos”.
Participaron también en la comparecencia realizada en el Salón de Recepciones del Congreso del Estado el presidente de la Junta de Coordinación Política, Salvador Galván Infante, y los diputados Rosa María Molina Rojas, Salomón Rosales Reyes, Omar Noé Bernardino Vargas, Sarbelio Molina Vélez y Juan Carlos Orihuela Tello.