La rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, negó haber obtenido recursos adicionales que estuvieran fuera del marco legal y defendió la gestión financiera de la institución.
Durante una entrevista este miércoles en el Centro Cultural Universitario, antes de una reunión con autoridades federales, aclaró que los recursos asignados al final de 2025 eran previamente acordados y estaban completamente identificados. De esta manera, contrarrestó las acusaciones públicas formuladas por Luis Navarro, responsable de la Secretaría de Finanzas, respecto al manejo del presupuesto.
Frente a los medios de comunicación, la rectora indicó que el llamado presupuesto pleno solo puede ejecutarse dentro del año fiscal correspondiente y que cualquier modificación recibida al final del ejercicio es resultado de revisiones contractuales y aumentos salariales que no se conocen al momento de la aprobación del presupuesto inicial.
Señaló que estos ajustes son formalizados cada año a través de un segundo anexo del convenio de colaboración entre los gobiernos federal y estatal, lo que implica que no constituyen ayudas extraordinarias.
Aclaró que, en relación con 2025, este ajuste representó una contribución aproximada de 61 millones de pesos por parte del gobierno federal y 39 millones por parte del gobierno estatal, recursos que ya estaban contemplados en el convenio y obedecen a normativas específicas de operación.
Destacó que si se tratara de un apoyo por fuera de lo previamente acordado, se habría usado un instrumento legal diferente para la entrega de dichos recursos.
La rectora afirmó que la puntualidad en el pago de 72 quincenas continuas y en la entrega del aguinaldo completo, el cual fue adelantado incluso antes de la fecha estipulada, es un reflejo directo de su adecuada gestión financiera, dado que representa la mayor carga presupuestaria de la Universidad.
Agregó que los desembolsos de nómina están debidamente registrados y permiten rastrear con exactitud el destino de cada peso invertido.
Subrayó que, además de satisfacer los salarios, la Universidad ha asumido, con ingresos propios, compromisos que no estaban previstos originalmente, incluyendo aportaciones de depósito que superan los 100 millones de pesos, el pago total de impuestos y la operación de nuevas unidades académicas, entre ellas una en Zamora, a pesar de la expansión de la matrícula y del cuerpo docente.
En lo que respecta a la fiscalización, recordó que la propia Universidad solicitó en 2023 una auditoría forense a la Auditoría Superior de la Federación, la cual se aplica al ejercicio de ese mismo año, además de las auditorías ordinarias estatales y federales que se llevan a cabo de manera constante.
También mencionó que la entrega trimestral de información financiera es un requisito obligatorio, ya que de ello depende la distribución de los recursos federales, y que estos informes también son presentados ante el Consejo Universitario.
Sin descalificar a los funcionarios estatales, la rectora evitó una confrontación directa y sostuvo que su responsabilidad es proporcionar información basada en datos verificables sobre el uso del presupuesto, sin emitir juicios políticos.
Reiteró que el presupuesto pleno no significa disponibilidad financiera, sino que brinda certidumbre operativa, y que cualquier acusación sobre una mala gestión debe ser contrastada con la trazabilidad del gasto y el cumplimiento de las obligaciones laborales y fiscales.
