La legisladora local Cristina Portillo, señaló que el informe del Procurador General de Justicia del Estado omitió mencionar las Políticas Públicas dirigidas a la prevención y atención de homicidios dolosos de mujeres, así como al delito de violencia familiar, también sí se ha realizado la estandarización de protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación y de servicios periciales utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres, conforme al Protocolo de Estambul, el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas, así como los estándares internacionales de búsqueda de personas desaparecidas, con base en una perspectiva de género.
Tampoco se menciona y a pregunta expresa hecha al Procurador General de Justicia del Estado, este señaló que no se han hecho esfuerzos para adecuar el protocolo alba y/o el protocolo Amber o en su defecto implementar un nuevo dispositivo análogo para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, ni señala avance de la Procuraduría en relación con la utilización del banco de datos genético y una página de internet sobre mujeres y niñas desaparecidas en Michoacán y en el País, cabe destacar que dichas obligaciones corresponden a nuestra Entidad Federativa derivadas del cumplimiento de los Puntos Resolutivos 19 y 22 del Caso González y Otras vs el Estado Mexicano, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Informe tampoco menciona avance alguno sobre el Banco Estatal de Datos de Mujeres Víctimas de Violencia, mandatado por la Ley de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Es de mencionarse a su vez que durante la comparecencia materia del informe el Procurador General de Justicia del Estado, señalo: “que en Michoacán no se asesinaba a las mujeres por razones de género, sino por su vinculación al crimen organizado, a este respecto se le solicito por escrito emitiera de forma desagregada el número de homicidios dolosos de mujeres cuya motivación fuera su vinculación con el crimen organizado y cuales correspondían a su condición de género, a lo que el funcionario dio contestación solamente el número de homicidios dolosos perpetrados contra mujeres.
La implementación de estas medidas por demás obligatorias, a decir de Cristina Portillo “es una oportunidad excepcional para construir bases sólidas para relaciones igualitarias entre hombres y mujeres, así como consolidar un Estado Democrático y de Derecho, en el que ciudadanía y autoridades brinden sus mejores capacidades para construir una sociedad que respete, proteja y garantice plenamente los derechos humanos.
” Fueron temas de interés de la Diputada Integrante de la Comisión de Justicia del Congreso de Michoacán que también se incluyeran en él Dictamen: además de la responsabilidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado en relación con la escasa capacitación del funcionariado para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, así como el estado de las averiguaciones previas penales y ejercicio, en su caso, de las acciones penales derivadas de los hechos presuntamente delictuosos ocurridos en Cherán, Paracho, y la Nueva Jerusalén, así como el caso del homicidio de los infantes de la Tenencia Morelos, algunos de los cuáles a esta fecha continúan en proceso de investigación, sin avances sustanciales.
