A partir de las cero horas del 18 de junio, el Nuevo sistema de justicia penal deberá operar en las 32 entidades federativas, de acuerdo a lo establecido en la reforma penal de 2008.
En el marco de esta representativa fecha para la justicia del país, Marco Antonio Flores Negrete, presidente del Poder Judicial de Michoacán, expresó que para la institución, el nuevo paradigma representa un compromiso y un reto, puesto que requiere la introducción de un servicio de justicia moderno.
Refirió que Michoacán fue la décima entidad en cumplir con este mandato constitucional, ya que desde el pasado 9 de mayo los 113 municipios -divididos en las regiones de Morelia, Zitácuaro, Uruapan, Zamora, Lázaro Cárdenas y Apatzingán- se rigen bajo el sistema acusatorio adversarial oral.
Flores Negrete explicó que a través de éste, las instituciones relacionadas con la impartición y administración de justicia, recuperarán de manera paulatina la credibilidad ante la ciudadanía. En este sentido, enfatizó que los jueces y magistrados del Poder Judicial, desde sus funciones y atribuciones, están comprometidos a no dejar ningún espacio para la impunidad.
”Para lograr en tiempo y forma la implementación y operación de la justicia penal oral en el estado, la judicatura local trazó una ruta crítica en directrices como capacitación, tecnologías de información, difusión, así como construcción y adecuación de espacios”, comentó.
Por otra parte, el magistrado presidente puntualizó que la institución cuenta con 21 jueces de oralidad en funciones, quienes de manera pública y transparente, resuelven los casos sometidos a su consideración; nueve juzgadores más se encuentran en reserva a la espera de ser designados, después de haber aprobado los cursos y concursos destinados para ello.
Asimismo, “25 salas de oralidad se encuentran en operación, donde se han desarrollado alrededor de 2,500 audiencias presididas por jueces, en las cuales se observan los principios rectores del mismo, derivadas de las más de 800 causas penales”.
Finalmente, señaló que el reto de la reforma de 2008 va más allá de la implementación, ya que su funcionamiento implica compromisos financieros, “por ello hemos puesto en marcha políticas de austeridad que contribuyen a hacer más eficiente el uso de los recursos públicos y cumplir con éstas y otras nuevas responsabilidades”.
De esta forma, el Poder Judicial de Michoacán refrenda el compromiso con la sociedad para brindar un servicio de justicia moderno, más transparente y que abone a la credibilidad de las instituciones.
