Convencido de que la transparencia de la gestión pública resulta esencial para el gobierno democrático, la estabilidad social y el desarrollo económico del país, Ernesto Villanueva plantea que la publicidad de las declaraciones patrimoniales es un instrumento eficaz, aunque no el único ni el más importante, para el combate a la corrupción y la rendición de cuentas y, por tanto, se le debe abrogar el carácter de potestativa en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, además de que se introduzcan normas que sancionen el enriquecimiento razonablemente variable.
De acuerdo a un comunicado de prensa, Ernesto Villanueva, Coordinador del Área de Derecho de la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), presentó la víspera su libro “Función pública, declaración patrimonial y transparencia”, (Novum, 2012), acompañado de los doctores en derecho Jaime Cárdenas Gracia y Jorge Fernández Ruiz, quienes fortalecieron con sus intervenciones, los argumentos del autor.
“La regulación de las declaraciones patrimoniales puede introducir mayores hipótesis normativas para que esta sea una herramienta eficaz contra la corrupción, al igual que para fomentar la transparencia y regenerar la credibilidad en la actividad gubernativa”.
Agregó que de la misma forma “se debe sancionar a las terceras personas que coadyuvan con los servidores públicos para disfrazar sus propiedades (prestanombres), de suerte que se generen disuasivos para el desvío de recursos o la simulación de patrimonios”.
En todo caso, afirmó Ernesto Villanueva para rematar su texto, “sólo con la publicidad a la debida declaración patrimonial, el escrutinio de la sociedad y la reforma legal para sancionar de la mejor manera posible los actos ilegales, podrán darse pasos hacia adelante capaces de vencer las inercias, las apariencias y la arraigada simulación que lastima la vida pública”.
Ernesto Villanueva puso de nueva cuenta en el debate público la obvia necesidad de imponer la transparencia de una manera clara y efectiva, en todo lugar donde haya manejo de recursos públicos y uno de ellos tiene que ver con la declaración patrimonial de los funcionarios públicos y
Cárdenas Gracia expuso la necesidad de incluir también en las declaraciones, como ocurre en algunos países, a los familiares cercanos de los servidores públicos hasta un cierto grado de consanguineidad y se preguntó si era más importante el diseño de nuevas instituciones autónomas de transparencia o rendición de cuentas o que se privilegie la máxima publicidad en cada caso, lo que sin duda ahorraría onerosas cargas al Estado.
“La existencia de tantos órganos autónomos los ha ido demeritando. Estos órganos se han transformado en cuotas para los partidos políticos, órganos que se han partidizado y los titulares de los mismos representan el poder de esas cuotas partidistas; es el caso del IFE, seguramente también de otros órganos autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el IFAI”, expresó Cárdenas.
Para el investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), nivel III del Sistema Nacional de Investigadores, “el tema central estriba en realmente dotar al órgano constitucional de la información, de la transparencia, de la autonomía debida y no tal y como lo pretende la iniciativa propuesta por los legisladores priístas y auspiciada por (Enrique) Peña Nieto, en donde lo que se busca es, si, darle una naturaleza jurídica distinta pero interviniendo en la designación de los comisionados el propio titular del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo”.
Cárdenas piensa que debe incluirse un método distinto sin intervención de los partidos, fracciones parlamentarias y el titular del Poder Ejecutivo. Puede ser propuestas realizados por notables o las universidades y que de la lista lograda, se realice una especie de sorteo o “de plano pensar en un esquema aún más ambicioso, donde los comisionados del IFAI sean electos por los propios ciudadanos, los del IFAI, del IFE, del Banco de México o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.
Por su parte el Dr. Jorge Fernández Ruiz recordó que la voracidad y la corrupción son patologías heredadas desde Hernán Cortés y Nuño de Guzmán durante la Conquista y que éstas se agravan cuando se unen a la impunidad. “Corrupción e impunidad, un binomio de alta peligrosidad para todas las sociedades”.
Por este motivo, añadió, fue creada en 1996, por ejemplo, en Caracas la Convención Interamericana contra la Corrupción, la que se celebró cuando algunas figuras emblemáticas de la corrupción estaban en el poder como Carlos Menem en Argentina o Ernesto Zedillo, artífice del Fobaproa. Luego Fox firmó un tratado en 2002. Por tratados no paramos.
Fernández Ruiz, especialista en Derecho Administrativo, y coordinador del Área de Derecho Administrativo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, agregó que el servidor público está sujeto a un trato especial, pero también debe sujetarse a ciertas obligaciones como que la declaración patrimonial sea pública. Explicó que existe la excusa de que se le puede poner en peligro ante la delincuencia organizada para lo que aseguró: “Si no desea que ésta sea pública, que no sea servidor público”.
Para redondear la presentación realizada en el Aula de Seminarios Guillermo F. Margadant, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Villanueva dijo que antes las Declaraciones Patrimoniales de los servidores públicas eran secretas. Después se aprobó que de manera potestativa decidieran ellos mismos si es pública o no. El siguiente paso debiera ser que las Declaraciones Patrimoniales sean públicas siempre.
