De grave y lamentable calificó Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, lo que reconoció la virtual indefensión en la que se encuentra la comunidad nahua de San Miguel de Aquila.
Luego de escuchar el relato del representante de esa comunidad indígena, el heredero del general Lázaro Cárdenas del Río dijo a la periodista Carmen Aristegui que la actividad minera en la región sólo ha servido para concentrar la riqueza en pocas manos, a cambio de un profundo daño económico y ecológico tanto a la nación como, especialmente a las comunidades, reconoció.
Respecto del ingrediente del crimen organizado en la región, el ingeniero reconoció que “desgraciadamente se dejó crecer el problema y hoy tenemos zonas en el estado en las que el crimen organizado controla la vida y hasta la actividad económica”, dijo.
Por su parte, en entrevista transmitida por la cadena MVS Multivisón, Octavio Villanueva, representante de la comunidad nahua, señaló a la empresa Ternium como la verdadera responsable del operativo y de la detención de los dirigentes de la guardia comunitaria de San Miguel.
“Sé que es muy peligroso lo que voy a decir, pero la verdad es que Ternium está detrás de todo. Sabían del operativo y por ello desocuparon la mina desde un día antes” de la incursión de fuerzas federales a la cabecera del municipio de Aquila, acusó el representante.
Señaló, asimismo, que los grupos delincuenciales de la región sabían perfectamente cuando se hacían los depósitos a la comunidad o a los comuneros, porque “más tardábamos en recibir el recurso que en recibir la visita de los delincuentes en nuestra propia casa”.
Villanueva dijo que la empresa ítalo argentina pretende ampliar la extracción de mineral a áreas que no se encuentran bajo ningún acuerdo con la comunidad indígena sin pagar ningún recurso por esa extracción.
El padrón de la comunidad indígena de San Miguel de Aquila está integrado por 441 comuneros reconocidos, 40 de los cuales tienen sus derechos suspendidos por incumplimiento de obligaciones y “por haberse vendido a la minera, por eso fueron castigados” desde el año 2011, aclaró el representante del pueblo nahua de la costa michoacana.
En la entrevista con Carmen Aristegui, el dirigente acusó que ni el ejército ni las fuerzas estatales se encuentran en la cabecera municipal, y denunció que ha estado recibiendo constantes amenazas de muerte, por lo que teme por su seguridad y la de su comunidad.
El dirigente indígena expresó sus temores en el sentido de que alguna de las órdenes de aprehensión que anunció ayer la Procuraduría General de Justicia del Estado esté dirigida a él o a alguno de los miembros de la comunidad indígena.
Por lo anterior, en nombre de su comunidad y el suyo propio, lanza un llamado de auxilio y pide consideración tanto al gobierno del estado como al federal, porque “nosotros también somos gente y no hemos hecho nada malo, también queremos a nuestros hijos. Por eso pedimos a los gobiernos que consideren que también tenemos hambre y que por eso sólo buscamos defender nuestros recursos, concluyó el representante de la comunidad nahua.